Opera sin licencias hotel Zar

El camino de entrada hace parecer que ahí las cosas están suspendidas. El camino de terracería y las mallas que simulan ocultar un proceso constructivo, engañan a cualquiera. Una vez que se pasa esa parte, cualquiera puede descubrir que el polémico hotel Zar no sólo está terminado, sino que luce impecable y desde hace tres meses recibe huéspedes, a pesar de las constantes declaraciones desde el gobierno municipal de que no se les permitiría operar hasta no regularizar su situación legal.
Una cálida recepción, donde dos agentes de ventas desayunan hacia las doce del día, es la primera vista de un hotel con espacios adecuados para el viajero de negocios. Luego, una amable recepcionista acude para ofrecer las habitaciones.
Dos camas dobles, instalaciones inteligentes, área de alberca y hasta un club de playa en el centro de Bucerías dispuesto a atender a los huépedes del hotel sobre la carretera Puerto Vallarta-Tepic se ofrecen al viajero. Todo por 590 pesos la noche, impuestos incluídos, en ocupación doble.
Si viaja sólo no hay problema, la tarifa se reduce un poco: tiene todos esos servicios por 472 pesos la noche y, además, se puede incluir el desayuno con 60 pesos adicionales por persona.
Así, Tribuna de la Bahía pudo constatar que el hotel funciona al ciento por ciento y que no hay un detalle que falle; ni siquiera el sistema inteligente que no permite encender ningún equipo eléctrico dentro de la habitación si la llave electrónica no es colocada en un lugar especial.
La operación del hotel sorprende, porque no cuenta siquiera con el cambio de uso de suelo para que se hubiera podido construir el hotel. Pero llama más la atención que en la sesión de Cabildo del pasado 6 de abril se le hubiera pedido a los dueños regularizar toda su situación o de lo contrario no se le darían las licencias. Así lo advirtió el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar.
Alguien incumplió su palabra o se dieron las licencias de operación de forma extra legal -porque para poder obtener la licencia de operación hay que contar con una carta de habitablidad, y a su vez para obtener esa carta primero hay liberar el uso de suelo, y al no estar aceptado en Cabildo todavía el Plan Parcial de Urbanización no queda posibilidad de haberlo obtenido- o alguien ha permitido la operación sin tener las licencias.
La situación se agrava cuando se escucha al presidente del ejido de San Vicente, Guadalupe Flores, quien asegura que luego de haber analizado la situación desde el martes pasado (Tribuna de la Bahía, 2 de septiembre de 2009) se ha decidido desde el jueves pasado interponer una impugnación a la compra-venta del predio sobre el que se alza el inmueble, ante el Tribunal Unitario Agrario de Tepic, para pelear por el derecho al tanto del que tiene prioridad el ejido.

Detienen intereses construcción de escuelas

En San Vicente hay una escuela lista para ser usada, la que de acuerdo con la Ley Estatal de Desarrollo Urbano tuvo que entregar el desarrollo Palma Real, impulsado por Inmobiliaria Los Patos, para poder conseguir sus licencias de construcción. Está lista, pero en medio de una zona que todavía no ha sido desarrollada, por eso, todavía no se puede poner a funcionar.
“Si esa escuela ya estuviera trabajando, todos los niños que viven cerca de ahí estaría recibiendo sus clases allá y, entonces, tendríamos mucho menos presión para aceptar nuevos alumnos acá en el centro de San Vicente”, explica el director de la primaria Independencia, Luis Gildardo García Delgado.
No obstante, los intereses de las constructoras detienen ese proceso. Lo ha denunciado ya el diputado local Rafael Cervantes Padilla: “Si se marca que deben construir una escuela por cada 300 casas, construyen 299 para no alcanzar la norma” (Tribuna de la Bahía, 26 de agosto de 2009).
El caso de Palma Real parece más intrincado. Las autoridades condicionaron las licencias a la construcción de la escuela, y la empresa cumplió: tiene listas tres aulas de primaria y tres de preescolar, relucientes, pero enfrente de lo que hoy usan como patio de maniobras para sus camiones de volteo.
Ahí, en medio de esa zona peligrosa para que los pequeños caminen, no hay todavía calles, ni iluminación y ni siquiera vigilancia. Situada en la esquina del predio, la escuela colinda además por los flancos que no dan hacia el fraccionamiento, con drenes pluviales.
“Ahí alrededor hay varias colonias populares, lo único que faltaría es construir un puente para que los niños puedan cruzar el canal y con eso se pondría a funcionar. Estoy seguro de que si eso estuviera listo, las autoridades ya habrían autorizado contratar maestros aunque no fueran de plaza”, asegura el director.
En esa situación se encuentran otros puntos del municipio, como San Clemente de Lima, donde los niños de primaria tienen que tomar clases por la tarde en lo que hoy es un preescolar. O en Infonavit San José, donde apenas el gobierno municipal se comprometió a construir la escuela, o en Jardines del Sol, que se niega a construirla y con eso sólo han logrado sobrepoblar la escuela de San Fe.
Son los intereses de constructoras los que derivan en falta de infraestructura educativa. Tribuna de la Bahía lo ha reportado desde abril pasado: en el municipio de Bahía de Banderas hay un déficit de por lo menos 180 aulas.

Falta de cupo e infraestructura detienen inscripciones

Daniela no tuvo clases si no hasta el viernes pasado, es decir, duró casi quince días más de vacaciones porque sus papás tuvieron que mudarse de Puerto Vallarta a San Vicente, en Nayarit. Y no es que Daniela (sus padres pidieron proteger el nombre real) no tuviera maestro, como no lo tuvieron los pequeños de Higuera Blanca; fue peor, ella no tenía escuela.
La pequeña no fue inscrita en una escuela de San Vicente con anticipación, relatan los padres, porque la mudanza se dio de pronto. Así, con las complicaciones del movimiento, resolver la escuela de la niña quedó para el mismo lunes en que empezaba el ciclo 2009-2010.
La madre llegó temprano el 25 de agosto a la escuela ubicada en el centro de San Vicente, la más cercana a su casa, y se formó para inscribir a la niña. Pronto se dio cuenta de que empezarían los problemas.
Apenas escuchó que no habría cupo en el turno matutino de la primaria, se movió a la fila del turno vespertino. En segundo grado, el que debe cursar Daniela, asegura que alguien le dijo, había cuatro o cinco lugares.
“Yo era la quinta en la fila, me atendió la maestra de ese segundo que porque no estaba la directora. Cuando me atendió, apenas vio la boleta de la niña, me dijo que no me la podían aceptar por el promedio”, explica la mamá de Daniela.
Lo que siguió fue deambular de trámite en trámite, hablar con el supervisor de zona y finalmente encontrar, quince días después, el viernes pasado un lugar en el turno de vespertino de una escuela al otro extremo de la población.
“Mi esposo habló con el supervisor y él le dijo que no era por el promedio, sino porque no había cupo por lo que no la aceptaban en la escuela que nos queda cerca. A mí la maestra me dijo que era por las calificaciones”, insiste la mamá.
El caso de Daniela no es aislado, las escuelas en las principales poblaciones de Bahía de Banderas tiene grupos con un número de alumnos por encima de lo que recomienda la pedagogía. Así, cuando alguien nuevo llega al barrio es difícil que pueda ingresar a la escuela.
Es el director de la escuela primaria Independencia, el turno matutino del inmueble ubicado frente a la plaza principal de San Vicente, Luis Gildardo García Delgado, quien explica de mejor manera el problema: “Si la niña fuera a sexto, ustedes, la prensa, no estarían aquí. Porque en sexto es en el único grado que todavía tengo cupo”.
No miente, pedagógicamente no se recomiendan grupos más grandes de 35 alumnos, en su escuela todos lo rebasan; de hecho, la mayoría están por encima de los 40 alumnos. En total, con trece salones de clase, la primaria atiende a 515 alumnos: un promedio de 39 alumnos por maestro.
“El problema se acentúa con nosotros, en el turno matutino, porque la gente prefiere que los niños vengan en la mañana. Todos nos dicen que es por el trabajo. Además somos la escuela que está en el centro del poblado, le quedamos cerca a todos Yo creo que es porque damos mejores resultados, lo dicen las pruebas de Enlace. Pero yo lo que les digo es que no es por los maestros, muchos son los mismos, la diferencia la hacen los padres de familia, que por las tardes pueden prestar mejor atención al desempeño de sus hijos”, explica.
Con todo, reconoce que el problema tampoco es exclusivo de su turno, ni de su escuela. Incluso la otra primaria, ubicada en uno de los extremos de San Vicente, tampoco tiene cupo en la mañana y, en algunos grados, también hay listas de espera en la tarde.
“Lo que pasa es que la población está creciendo mucho, pero las nuevas colonias evaden construir las escuelas que corresponden. Yo le aseguró que si las entregarán, ahorita no tendríamos estos problemas”, concluye García Delgado.

Rematan casa de acosados

Le dio miedo y no poco. Esther Tejeda de Mancini hizo caso de las amenazas de muerte y regresó a California luego de que el pasado jueves 27 de agosto fuera arrestada por una acusación de autorrobo. No es lo más escalofriante, porque aunque ella se siente fuera de peligro, su esposo, Philip Mancini vive encerrado en su casona construida hace más de treinta años, sin asomar la nariz a la calle, bajo riesgo de perderla para siempre.
Los Mancini poco a poco se van dando cuenta del tamaño del problema generado por no aceptar que Fernando Brambila les construyera una alberca sin siquiera tener conocimiento previo para hacerlo. Los documentos que muestran, para probar que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con sede en Bucerías les ha pedido dejar ya su casa (Tribuna de la Bahía, 3 de septiembre de 2009).
El acta, que no muestra un número de identificación pero sí refiere el expediente del juicio laboral por incumplimiento de contrato (82/2004), señala además que la casa ya tiene nueva dueña. Se habría enajenado producto de una subasta a Beatriz Adriana Rosell Calvilla, quien por conducto de su representante legal, María del Carmen Guillén Hernández, habría depositado un total de 818 mil 831 pesos con 20 centavos en una cuenta de la Junta de Conciliación y arbitraje.
“Entonces me dicen los abogados que no podemos dejar la casa sola ni un segundo, porque en el momento en que quede abandonada la nueva dueña puede tomar posesión. Como Esther se regresó a Estados Unidos porque tenemos mucho miedo de que la vuelvan a apresar, o que le cumplan la amenaza de muerte, estoy yo sólo aquí todo el día, encerrado. Porque si me salgo pierdo el patrimonio de una vida de trabajo”, dice Mancini.
El documento le pide también que, además de desocupar la propiedad en un término de once días hábiles, que habría vencido el pasado 18 de agosto, entreguen todos los documentos referentes a la propiedad de 530 metros cuadrados en la Notaría Número Dos de Bucerías para poder proceder a hacer la nueva escritura y anotar el cambio de propietario ante el Registro Público de la Propiedad.
Así, sin más. Los Mancini perderían una casa que en algún momento estuvo valuada en un millón de dólares, que hoy probablemente rondaría los cuatro millones de pesos, por un juicio en el que se pedía la indemnización por el incumplimiento de un contrato de construcción por 50 mil pesos y que, ahora, según las autoridades laborales se juzgó a favor de Brambila estableciendo una indemnización de 188 mil 443 pesos.
“Nunca nos hicieron notificaciones por escrito sobre el avance del juicio, ni llamaron a mi esposa a audiencia alguna. Incluso tuvimos un abogado, Pedro Ramírez que nos dijo directamente que el juicio ya había terminado en nuestro favor. Ahora nos enteramos no sólo que lo perdimos, sino que sin anunciarnos que debíamos pagar vendieron nuestra casa a un precio ridículo, le pagaron de ahí a Brambila casi cuatro veces el valor del contrato del que ya habíamos pagado 35 mil pesos y nos piden, ahora sí por escrito, que dejemos la casa y pasemos por 630 mil 388 pesos que nos quedan a nosotros de la venta. Es inadmisible”, recalca Mancini.
El ciudadano estadounidense asegura además que un día después de la notificación su abogado recurrió al amparo, pero al juzgado de lo civil rechazó la solicitud en apenas un fin de semana, sin revisar el caso. La respuesta llamó la atención de sus asesores legales, porque en el país los juicios de amparo suelen ser dilatados.

Reciben llamada del consulado

El abogado que representa en Estados Unidos los intereses de los Mancini, Héctor Cavazos, señala que luego de la publicación de la historia en Tribuna de la Bahía, recibió finalmente una llamada de la cónsul de Estados Unidos para Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, Kelly Trainor, quien solicitó a los Mancini acudir a su oficina para poder hacer una cita en el consulado de Guadalajara, asegurando que no tenía facultades para intervenir a favor de sus conciudadanos. “El problema es que Esther ya regresó por el temor que tiene de volver a ser arrestada, mientras que Felipe (Philip) no puede abandonar la casa para ir a visitarla pues corre el riesgo de que sea ocupada por quienes la compraron en la subasta”, explica Cavazos.

Ojo de hormiga

Las comandancia de policía, tanto municipal como estatal, ubicadas en Guayabitos aseguran desconocer del arresto de Esther Tejeda de Mancini el pasado 27 de agosto. De acuerdo con los comandantes en turno, que no se identificaron por salir en un servicio al momento de la visita de Tribuna de la Bahía, dijeron desconocer incluso a los afectados. En la comandancia de la Policía Municipal del poblado de La Peñita de Jaltemba no se localizó personal. Philip Mancini, sin embargo, exhibe la orden de liberación de su esposa con fecha del 31 de agosto para probar su reclusión.
“Al momento en que nos detuvieron, por el supuesto robo de nuestro auto, llegaron seis patrullas y los policías nos apuntaban con armas largas. Cuando les pregunté qué pasaba, me dijeron que ellos no sabían si nosotros éramos peligrosos. ¡Por favor! Somos un par de viejitos, mi esposa tiene 67 años, yo tengo 64”, relata Mancini.

Libran primer trámite para El Anclote

Se comienza a sentir esperanza, la playa de El Anclote por fin podría recuperar la arena si las cosas siguen avanzando. El sábado pasado, por la tarde, los habitantes de Nuevo Corral del Risco recibieron la noticia de que el primer trámite para construir la infraestructura que permita regresar el hábitat a sus condiciones originales ya fue solventado.
La noticia se las hizo llegar el titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit (Semanay), Luis Carlos Tapia Pérez, con quien sostuvieron una reunión en la que se informó de los avances.
De acuerdo con Tapia Pérez entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habría liberado finalmente su licencia, después de tres meses aunque el compromiso inicial era de hacerlo en quince días.
“Estamos viendo que por fin las cosas avanzan, es triste que tenga que ser bajo presión, pero nos alegramos de que al fin se vea voluntad por recuperar la playa. Ahora hay que esperar el trámite que sigue, el de la Semarnat”, dice Juan Pelayo, uno de los líderes sociales y representante de los restauranteros en aquella población.
No obstante, en Nuevo Corral de Risco no se canta victoria, esperan a que transcurra el siguiente paso para ver cómo actua finalmente Grupo Dine, quien ha pospuesto durante más de trece años la reparación de los daños producidos por una escollera.
“Tapia nos dice que lo que sigue es inscribir en el Registro Público de la Propiedad unos documentos, para poder ahora hacer el trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que eso podría quedar esta semana”, relata Pelayo.
El discurso no es nuevo, el funcionario ya lo había adelantado el pasado 1º de septiembre a Tribuna de la Bahía: una vez que se tuviera, como ya se tiene, el documento liberado por la SCT, el gobierno del estado había ya pactado con el delegado de Semarnat en Nayarit, Armando Zepeda, para acudir ambos a México y gestionar las licencias que se expiden desde esta otra dependencia federal.
“A ver cuánto tarda ahora este trámite, porque el otro nos habían dicho que quince días y tardó más de tres meses, y este era el largo, el que iba a durar como un mes. Ojalá que las licencias estén listas pronto, para poder ver si en realidad Dine quiere hacer las obras”, concluyó Pelayo.

El estacionamiento, sin avance

Contrario a lo que ocurre con los permisos para construir la infraestructura que permita recuperar la arena en El Anclote, los compromisos establecidos por el gobierno municipal para poner a funcionar un estacionamiento público que permita convertir la calle principal en un andador peatonal sencillamente no avanzan.
“Vino el alcalde (Héctor Paniagua) hace como diez días. Alzó la voz y dijo que ya se iba a comenzar con la obra, que este compromiso era una prioridad y que en ese mismo momento se ponían a trabajar sobre el asunto; pero no ha pasado nada después de una semana seguimos teniendo sólo palabras”, dice Juan Pelayo.

Es playa un mercado sobre ruedas

Juan Orozco no camina, pedalea. Lo hace a paso presuroso cuando cruza las calles de La Peñita de Jaltemba y del fraccionamiento que le separa de la playa en Guayabitos. Pero una vez que toca la arena, su triciclo, cargado de piñas dulces por la temporada y de mangos verdes e insípidos, circula lentamente. Hay que ir buscando el mejor punto de venta. Cuando como no conozco, dice Orozco mientras pela uno de sus mangos.
Como Juan, en las playas de Compostela hay 417 vendedores ambulantes. La mayoría de ellos se estaciona en Guayabitos, porque es la más concurrida, pero no siempre salen a trabajar todos. “Gracias a Dios”, dice Juan, porque las ventas este año han sido malas.
No todos venden fruta picada, como Orozco, pero la mayoría usan los triciclos para desplazarse. Es menos cansado que andar a pie y se puede cargar con toda la mercancía por la playa. Cada uno de los vendedores adapta su transporte al producto que vende.
Horacio, por ejemplo, vende pescado asado, ya no sólo en vara como se usa en Puerto Vallarta, también en filete; y camarón seco. En lugar de tener un asador fijo en el punto reservado para el descanso de los vendedores, y pagar por alguien que cocine lo que él vende, lleva un anafre en su triciclo, y hasta una mesa en la que el cliente puede preparar al gusto los mariscos.
Pero están también los que venden inflables, sombreros, artesanías y paletas heladas. La mayoría sobre ruedas, como en los mercados del Distrito Federal. Para hacerlo exhiben sus licencias, otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por las que cada año deben pagar unos ochocientos pesos de derechos.
Juan Orozco dice que el negocio está lento, que este año sí hay turistas, los señala sobre la arena, pero que no se acercan a comprar. “Es que ahora hay muchas tiendas sobre la carretera, entonces la gente se para en los camiones ahí y compra todo lo que necesita, cuando llegan acá ya no hay dinero para comprar nada”, dice.
No miente, en 20 minutos de charla nadie se acerca, no lo distrae nada. Abraham también vende fruta y duritos. Su triciclo está a menos de doce metros del de Orozco. Él tiene ocho años en el negocio y dice que aunque los fines de semana sube un poquito la gente, nunca vende más de 200 pesos en un día.
“Tiene como cuatro años que el turismo va a la baja. Cada vez hay menos y, cuando viene, no gasta. Así ha estado, desde hace cuatro años, cada vez peor. Los mejores tiempos siempre son los pasados”, concluye.

Riesgo, por espectaculares abandonados

La actuación de autoridades municipales en Bahía de Banderas en contra de los anuncios espectaculares ha sido decidida. De las más de 140 estructuras que se alzaron, en su mayoría de forma ilegal por el municipio, ya es menos de la mitad la que luce lonas de fondo opaco con anuncios o señalando que están disponibles. El resto lucen desnudas, altas torres coronadas por un rectangular entramado de varillas que se oxidan aceleradamente.
El proceso para eliminar del paisaje visual los contaminantes anuncios ha dejado sin embargo una secuela de riesgos para la población. Lonas sueltas, rasgadas, que día a día son azotadas por el viento y que, en una eventualidad, podrían desprenderse para caer con todo su peso sobre los viandantes, los automóviles que circulan por la carretera o los edificios a su alrededor.
No es que sea un accidente frecuente, lo reconocen las autoridades de Protección Civil en el municipio, pero el riesgo ahí está y el hecho de que no haya ocurrido no les vuelve menos peligrosas, dicen.
Además están las estructuras metálicas. Esas sí han dado al menos un problema el 26 de julio pasado, los fuertes vientos provocados por una tormenta desprendieron de uno de los espectaculares instalados en el municipio, una de las varillas.
“Tampoco eso es frecuente. Esas estructuras están diseñadas supuestamente para no caerse, pero siempre ante un huracán representan un riesgo. La naturaleza no respeta esas cosas y aunque sin las lonas hay menos resistencia, podría haber más desprendimientos como esos o incluso un derrumbe de estructuras completas”, reconoció el subdirector administrativo de Protección Civil y Bomberos, Jaime Manzano.
El funcionario incluso reconoció que el abandono de las estructuras, ahora que ya no representan negocio para sus dueños, se convierte en un problema mayor, porque ahora dejarán de recibir el mantenimiento que se les daba mientras fueron permitidas.
“Es el departamento jurídico el que lleva las actuaciones, nosotros hemos recomendado que no sólo se retiren las lonas, sino que se busque conseguir los recursos -legales y económicos- para retirar las estructuras. Incluso, cuando vemos una muy deteriorada, la reportamos de inmediato a Desarrollo Urbano, que es la dependencia que lleva el registro, para que entablen comunicación con los dueños o se proceda como se deba legalmente”, concluyó.