Es definitiva la resolución contra los Mancini

Aunque tan sólo en lo que va de este año se han recibido más de 400 casos, en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 4, con sede en Bucerías, tienen fresco el pleito que entablara Fernando Brambila contra Esther Tejeda de Mancini por incumplimiento de contrato; hay una razón para eso: es el primer caso que atiende esa Junta que termina con la adjudicación de un bien por la vía de la subasta.
Desde su creación hacia finales de 2004, la Junta Especial no había tenido que llegar en un caso a esta instancia. La mayoría de los recursos interpuestos por trabajadores, aseguran, termina en conciliación, el resto cuando hay un laudo condenatorio, se cumple sin tener que requerir el embargo.
Así, el remate el pasado 3 de agosto de la propiedad de Esther Tejeda de Mancini, el primero que realiza esa Juntam, les llama la atención. “Es un caso en el que a ambas partes les ganó la pasión. El problema es que ya hay un laudo condenatorio que es definitivo y los Mancini tienen ya poco que apelar, por no decir que ya no hay nada qué hacer”, explica la presidenta de esa dependencia, Eudolia Estrada.
Desde el punto de vista de la titular de este organismo de arbitraje laboral, los Mancini tuvieron una pobre representación legal con los abogados que fueron presentados e incluso advirtió que si no recibieron notificaciones directamente en su domicilio, es parte de esa mala actuación de los abogados.
“La señora se presentó a la primera audiencia y declaró, ahí mismo se presentó con carta poder su abogado y también hizo sus pronunciamientos. En ese primer encuentro el abogado señaló como domicilio para las notificaciones el estrado; por eso todas las notificaciones que derivaron después se enviaron ahí, al estrado. El abogado debió estar atento a recibirlas”, explica la funcionaria.
Eudolia Estrada incluso recuerda que el mes de julio pasado, cuando la Junta emitió el laudo condenatorio y, tras vencerse el término para presentar la indemnización del empleado, se dio la orden de remate, ella pidió que fuera personal de la Junta Especial a entregar una notificación al domicilio de los Mancini, a pesar de que habían solicitado ser enterados en el estrado.
“Nos parecía muy raro que se cumplieran los términos y no tuviéramos reacción de ella; pero así fueron venciendo todos los plazos. Cuando salió la orden de remate, le mandamos la notificación al domicilio. Incluso se hizo cuando hubo un periodo de vacaciones, en julio pasado, esperando que en ese tiempo se presentarán y antes de rematar la casa presentaran la indemnización. Pero tampoco se presentaron”, señala.
Al remate asegura que se presentaron varias ofertas. Se adjudicó a la mejor. Entonces se pidió de nuevo notificar del resultado a los afectados, la casa ya no es de ellos y tienen que dejarla, asegura Estrada.
“En estos días han venido como seis abogados pidiendo el expediente, en su nombre, sólo uno de ellos exhibió la carta poder para poder acceder a los documentos. Nos dicen que la señora está en Estados Unidos, pero nosotros no podemos, por ley, entregar copias a cualquiera. Además insisto, el laudo ya está, ya no hay más nada qué hacer”, señala.
Cuando se recuerda que el problema inicial se refería a un contrato para construir una alberca por 50 mil pesos, de los que ya se habían pagado 35 mil, y se preguntan las causas que obligaron a la Junta a emitir el laudo condenando a pagar más de 188 mil pesos a los patrones, la funcionaria explica que la demanda fue por sueldos caídos.
“El trabajador no demandó por el importe de lo construido, sino sobre el monto que se le había estado pagando periodicamente. Sobre esa base, se le concede el pago de salarios caídos y resulta en la suma que señala la condena”, concluye Eudolia Estrada.

Es playa un mercado sobre ruedas

Juan Orozco no camina, pedalea. Lo hace a paso presuroso cuando cruza las calles de La Peñita de Jaltemba y del fraccionamiento que le separa de la playa en Guayabitos. Pero una vez que toca la arena, su triciclo, cargado de piñas dulces por la temporada y de mangos verdes e insípidos, circula lentamente. Hay que ir buscando el mejor punto de venta. Cuando como no conozco, dice Orozco mientras pela uno de sus mangos.
Como Juan, en las playas de Compostela hay 417 vendedores ambulantes. La mayoría de ellos se estaciona en Guayabitos, porque es la más concurrida, pero no siempre salen a trabajar todos. “Gracias a Dios”, dice Juan, porque las ventas este año han sido malas.
No todos venden fruta picada, como Orozco, pero la mayoría usan los triciclos para desplazarse. Es menos cansado que andar a pie y se puede cargar con toda la mercancía por la playa. Cada uno de los vendedores adapta su transporte al producto que vende.
Horacio, por ejemplo, vende pescado asado, ya no sólo en vara como se usa en Puerto Vallarta, también en filete; y camarón seco. En lugar de tener un asador fijo en el punto reservado para el descanso de los vendedores, y pagar por alguien que cocine lo que él vende, lleva un anafre en su triciclo, y hasta una mesa en la que el cliente puede preparar al gusto los mariscos.
Pero están también los que venden inflables, sombreros, artesanías y paletas heladas. La mayoría sobre ruedas, como en los mercados del Distrito Federal. Para hacerlo exhiben sus licencias, otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por las que cada año deben pagar unos ochocientos pesos de derechos.
Juan Orozco dice que el negocio está lento, que este año sí hay turistas, los señala sobre la arena, pero que no se acercan a comprar. “Es que ahora hay muchas tiendas sobre la carretera, entonces la gente se para en los camiones ahí y compra todo lo que necesita, cuando llegan acá ya no hay dinero para comprar nada”, dice.
No miente, en 20 minutos de charla nadie se acerca, no lo distrae nada. Abraham también vende fruta y duritos. Su triciclo está a menos de doce metros del de Orozco. Él tiene ocho años en el negocio y dice que aunque los fines de semana sube un poquito la gente, nunca vende más de 200 pesos en un día.
“Tiene como cuatro años que el turismo va a la baja. Cada vez hay menos y, cuando viene, no gasta. Así ha estado, desde hace cuatro años, cada vez peor. Los mejores tiempos siempre son los pasados”, concluye.

Denuncian acoso de autoridades

Cuando Philip y Esther Mancini compraron una casa en Guayabitos, allá por el decenio de los ochenta, no imaginaron que 20 años después vivir en el pequeño pueblito de la costa Nayarita se iba a convertir en un infierno, con la policía persiguiéndoles por todas partes y el riesgo de perder su casa luego de un amañado juicio laboral que les reclama incumplimiento de contrato. Todo por no permitir que un falso contratista les hiciera un mal trabajo.
El problema comenzó en 2003 cuando la señora Esther Tejeda de Mancini contrató los servicios de Fernando Brambila para construir una alberca. El acuerdo verbal fue que se pagaría a Brambila un total de 50 mil pesos por la obra, por lo que se le entregó un anticipo de quince mil para el inicio de los trabajos.
La obra comenzó, pero de acuerdo con la señora la calidad con que se realizaba no era la pactada. Su error fue reclamar, porque a partir de esa diferencia de opinión Esther Tejeda ha caído en dos ocasiones presa en la cárcel municipal.
El conflicto pasó primero de los reclamos a las agresiones verbales. “Si no me pagas te voy a matar”, amenazó el contratista. Brambila entonces abandonó el trabajo inconcluso, para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar a los Mancini.
Esther asegura que nunca recibió un citatorio, pero en pueblo chico siempre el infierno es grande. Como se enteró de la demanda acudió a la dependencia para defenderse. Ella asegura que mostró las pruebas de que el trabajo de construcción no estaba bien hecho.

PRESIONAN CON OTRAS ACUSACIONES

Mientras este litigio funcionaba, frente a la casa de los Mancini apareció una camioneta de modelo antigua. Ahí permaneció durante meses. Un día, en marzo de 2008, una persona que los Mancini dicen no conocer remolcó el vehículo y se lo llevó. Eso bastó para que días después Esther fuera acusada por robo calificado.
“Un día salí de mi casa y apenas al hacerlo la policía municipal me apresó. Me señalaban por haber robado una camioneta sin mayores pruebas que la acusación y el hecho de que la camioneta estaba estacionada afuera de mi casa. La camioneta estuvo fuera de mi casa por meses sin que nadie siquiera se asomara a vigilarla. ¿Por qué me acusan de robo precisamente el mismo día que se desaparece?”, se pregunta Esther con gran indignación en una entrevista telefónica.
Un mes duró en la cárcel Mancini, un mes sin que se le diera acceso al juzgado. Cuando por fin llegó el día de la audiencia obtuvo la libertad bajo fianza. Acudía a firmar los documentos de libertad provisional cada semana.
Un día preguntó se podía ir a su país de origen para atender algunos negocios y le dijeron que siempre que volviera a firmar la semana siguiente lo podría hacer. Fue y cuando regresó fue arrestada de nuevo y presentada al juzgado. “Ellos me dijeron que lo podía hacer, pero al final resultó que no”, señala.
Asustada por el proceder de los jueces y la policía siguió el consejo de un abogado que hoy no está segura de que la representara sin atender a otros intereses, Juan Bueno, y pagó por los daños para obtener la libertad por la vía del amparo.
Tras su liberación vinieron nuevas amenzas de Brambila, de nuevo de muerte, o de encarcelamiento por no pagarle la alberca que nunca terminó. Acudió al Ministerio Público para denunciar las amenzas pero no le escucharon ni levantaron denuncia alguna.
“La cárcel acá no es agradable, las condiciones son deplorables. Les avisé de las amenazas, pero nadie me hizo caso. Hablé al consulado y una persona, que no recuerdo el nombre, me dijo que nos ayudarían con el problema, pero nada pasó. Así que decidí irme a Estados Unidos, porque tenía miedo. Mi esposo se quedó por razones de salud y negocios”, cuenta Esther.
Mientras toda esta estafa del carro robado, del que aparentemente aún ahora no se conoce el paradero, distraía la atención de los Mancini. El juicio laboral prosiguió: no hubo más audiencias ni citatorios para Esther.

LES EXIGEN EL DESALOJO

El pasado 3 de agosto Philip, quien no habla español, recibió una orden de embargo. Al parecer Brambila había logrado ganar el juicio laboral y, en lugar de exigir solamente la restitución de los 35 mil pesos restantes de la ejecución de la obra, logró que la Junta exigiera a los Mancini una indemnización por un millón de dólares. La orden de embargo ordenaba el aseguramiento de la casa por lo que incluía además una instrucción de desalojo.
“Me están pidiendo que entregue mi casa de más de 850 mil dólares por una disputa de menos de tres mil quinientos. Es simplemente absurdo, pero se aprovechan porque nosotros no conocemos las leyes de este país y los abogados que nos han representado parecen no hacerlo bien”, reclama también Philip.
Pero la historia no para ahí, porque ahora también Philip enfrenta otro juicio laboral. Ahora se trata de un pintor que fue contratado hace poco más de un mes para refrescar la fachada de la casa. La semana pasada inició él también un juicio, al parecer como una nueva estrategia de presión.
Todo esto, fue relatado también por un amigo de los Mancini, Héctor Cavazos, mediante una misiva dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La carta fue enviada con copias a autoridades del estado de Nayarit y federales al comienzo de agosto pasado. Nada ocurrió desde entonces, nada hasta que Esther regresó para defender su patrimonio.

)))))DESCANSO(((( SEGUNDO ARRESTO

“Vine de regreso desde la semana pasada porque el abogado que está siguiendo ahora el caso me dijo que tenía que venir a firmar unos documentos. Me dijo además que era seguro, que no tendría problemas”, relata Esther.
No resultó así. Una mañana cuando salieron de su casa, la policía municipal les cerró el paso y los detuvo de nuevo. Les dijo que había un reporte de que su propio auto estaba reportado como robado. Curiosamente, la arrestaron sólo a ella. De nuevo fue a parar a la cárcel, de la que acaba de salir apenas éste lunes.
“Yo creo que Fernando está pagando dinero por debajo del agua. El argumento que usaron esta vez para arrestarme fue que yo había regalado el auto a una persona y que luego se lo había quitado sin más. Pero nunca pudieron exhibir un documento de que yo hubiera hecho esa cesión de los derechos del automóvil, claro porque nunca se lo regalé. De todos modos me arrestaron”, cuenta.
En esta segunda ocasión Esther duró sólo cinco días en la cárcel, pero asegura que el acoso de las autoridades municipales sencillamente no para. Ayer, por ejemplo, los uniformados apostados afuera de su casa la siguieron varias cuadras mientras se dirigía a la tienda de abarrotes.
“Ahí en la tienda estuve platicando con una señora, ella de nacionalidad mexicana. Me decía que a ella también le quieren quitar un terreno así, con presiones. Parece que esto es una práctica común por acá”, concluye.