Es definitiva la resolución contra los Mancini

Aunque tan sólo en lo que va de este año se han recibido más de 400 casos, en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 4, con sede en Bucerías, tienen fresco el pleito que entablara Fernando Brambila contra Esther Tejeda de Mancini por incumplimiento de contrato; hay una razón para eso: es el primer caso que atiende esa Junta que termina con la adjudicación de un bien por la vía de la subasta.
Desde su creación hacia finales de 2004, la Junta Especial no había tenido que llegar en un caso a esta instancia. La mayoría de los recursos interpuestos por trabajadores, aseguran, termina en conciliación, el resto cuando hay un laudo condenatorio, se cumple sin tener que requerir el embargo.
Así, el remate el pasado 3 de agosto de la propiedad de Esther Tejeda de Mancini, el primero que realiza esa Juntam, les llama la atención. “Es un caso en el que a ambas partes les ganó la pasión. El problema es que ya hay un laudo condenatorio que es definitivo y los Mancini tienen ya poco que apelar, por no decir que ya no hay nada qué hacer”, explica la presidenta de esa dependencia, Eudolia Estrada.
Desde el punto de vista de la titular de este organismo de arbitraje laboral, los Mancini tuvieron una pobre representación legal con los abogados que fueron presentados e incluso advirtió que si no recibieron notificaciones directamente en su domicilio, es parte de esa mala actuación de los abogados.
“La señora se presentó a la primera audiencia y declaró, ahí mismo se presentó con carta poder su abogado y también hizo sus pronunciamientos. En ese primer encuentro el abogado señaló como domicilio para las notificaciones el estrado; por eso todas las notificaciones que derivaron después se enviaron ahí, al estrado. El abogado debió estar atento a recibirlas”, explica la funcionaria.
Eudolia Estrada incluso recuerda que el mes de julio pasado, cuando la Junta emitió el laudo condenatorio y, tras vencerse el término para presentar la indemnización del empleado, se dio la orden de remate, ella pidió que fuera personal de la Junta Especial a entregar una notificación al domicilio de los Mancini, a pesar de que habían solicitado ser enterados en el estrado.
“Nos parecía muy raro que se cumplieran los términos y no tuviéramos reacción de ella; pero así fueron venciendo todos los plazos. Cuando salió la orden de remate, le mandamos la notificación al domicilio. Incluso se hizo cuando hubo un periodo de vacaciones, en julio pasado, esperando que en ese tiempo se presentarán y antes de rematar la casa presentaran la indemnización. Pero tampoco se presentaron”, señala.
Al remate asegura que se presentaron varias ofertas. Se adjudicó a la mejor. Entonces se pidió de nuevo notificar del resultado a los afectados, la casa ya no es de ellos y tienen que dejarla, asegura Estrada.
“En estos días han venido como seis abogados pidiendo el expediente, en su nombre, sólo uno de ellos exhibió la carta poder para poder acceder a los documentos. Nos dicen que la señora está en Estados Unidos, pero nosotros no podemos, por ley, entregar copias a cualquiera. Además insisto, el laudo ya está, ya no hay más nada qué hacer”, señala.
Cuando se recuerda que el problema inicial se refería a un contrato para construir una alberca por 50 mil pesos, de los que ya se habían pagado 35 mil, y se preguntan las causas que obligaron a la Junta a emitir el laudo condenando a pagar más de 188 mil pesos a los patrones, la funcionaria explica que la demanda fue por sueldos caídos.
“El trabajador no demandó por el importe de lo construido, sino sobre el monto que se le había estado pagando periodicamente. Sobre esa base, se le concede el pago de salarios caídos y resulta en la suma que señala la condena”, concluye Eudolia Estrada.

Piden mayor trabajo a CMDH

Porque ven que la actuación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos (CMDH) en el municipio de Bahía de Banderas no toma la iniciativa, sino que espera a la denuncia pública para atender problemas en la demarcación, y porque se les observa supeditados a la administración municipal, tanto el presidente municipal como algunos regidores pidieron una actuación más decidida a los jóvenes que integran el organismo.
El bombardeo lo comenzó el propio presidente municipal, Héctor Paniagua, aprovechando que el ombudsman y su visitador se encontraban presentes para hacer las precisiones que requirieran los ediles al Reglamento Interno que pedían fuera enviado a comisiones.
Paniagua Salazar puso dos temas sobre la mesa. Primero habló del albañil que cayó de cabeza mientras trabajaba en una obra en Bucerías, destorzando su columna vertebral, a quien después nadie reconoció como empleado (Tribuna de la Bahía, 24 de abril de 2009).
“Se afectaron sus derechos laborales y no podemos permitir impunidad. Nosotros lo trajimos del hospital Civil de Guadalajara para que lo atendieran acá en un hospital privado. Atiendan y resuelvan ese problema, que se haga pagar al responsable, que el asunto no se haga viejo”, les solicitó.
Después señaló un caso más reciente, en el que se rescató a una menor de edad de un albergue de los que se han instalado en el municipio para tratar adicciones. Se le retuvo en contra de su voluntad, en una especie de cárcel privada. La mamá la recluyó sin su consentimiento ni el del padre, que fue quien acudió por ayuda, advirtió el primer edil.
Por su parte, el titular de la CMDH, Luis Verdín, defendió en entrevista con Tribuna de la Bahía, la actuación del organismo. Dijo, primero, que en el caso del albañil ya se ha iniciado un juicio en contra de quien es propietario de la finca en la que trabajaba. Después, aseguró que apenas se les notificó del caso de la menor en el albergue, se acudió junto con la familia y se logró rescatarla y dejarla en custodia del padre.
“Ese delito constituye además un secuestro, porque en el albergue no querían dejarla salir pues la madre se había comprometido a mantenerla ahí un mínimo de tres meses. Nos dijeron que no le permitían el egreso a menos de que se liquidara el total de esa estancia”, explicó.
Verdín también señaló que la carencia de el reglamento municipal les ataba un poco de manos, pues las esferas de competencia establecidas en las leyes federales y municipales les dejaba como meros gestores, sin capacidad para actuar directamente.
Finalmente, el regidor Martín Estrada les pidió que una vez que se apruebe el reglamento trabajen con mayor ahínco, no sólo respondiendo a la sociedad en temas de seguridad pública. Sino defendiendo el derecho de los banderenses a la salud, la educación y la vivienda, atacando los problemas que se puedan de oficio, sin esperar a la denuncia.