El cuerpo de una persona quemado por el ácido fue encontrado enterrado en Nayarit, en la zona serrana de Bahía de Banderas, para ser precisos en las inmediaciones de Aguamilpa, cerca de los linderos con Jalisco. Sin embargo, la policía municipal y las autoridades nayaritas se reservaron toda información referente al hallazgo, toda vez que este se dio producto de investigaciones de las autoridades jaliscienses.
“Tenemos un acuerdo firmado entre los estados y los municipios para permitir que las investigaciones iniciadas en un estado o demarcación sean concluidas y conducidas, con la colaboración por supuesto, pero por quien viene siguiendo el caso. Ese es lo que sucedió desde ayer por la tarde, las autoridades de Jalisco nos pidieron entrar para buscar los restos porque tenían información precisa de dónde podían encontrarlos; nosotros estuvimos ahí, pero sólo como apoyo, no tenemos información porque las autoridades que investigan son las de Jalisco”, justificó Joel Rubén Cerón Palacios, jefe de despacho en la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.
El abogado aseguró además que se trataba de investigaciones correspondientes a otra esfera de competencia y que, en ese sentido, se mostraban muy respetuosos de las facultades de cada una de las dependencias involucradas. Por eso, dijo, cualquier información debía fluir a partir de las autoridades jaliscienses.
El hallazgo en Aguamilpa habría sido posible luego de la confesión de los tres sujetos, una mujer y dos varones, que fueron detenidos tras arrojar tres granadas de fragmentación a patrullas de Puerto Vallarta. Su testimonio, luego de ser arraigados, habría servido para localizar el cuerpo de una persona que ellos mismos ‘levantaron’ en el destino jalisciense hace aproximadamente mes y medio.
Como las averiguaciones se hacen por la desaparición de un ciudadano de aquel estado, por investigaciones iniciadas allá, las autoridades nayaritas se desmarcan incluso cuando dos de los arraigados tienen domicilios en este estado; uno en Bucerías y el otro en Tepic.
La identidad del cuerpo no ha sido confirmada pero fuentes cercanas a la Policía Estatal Investigadora (PEI) en Nayarit aseguran que estuvo presente personal acreditado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre los que se identificó a algunos de los científicos especialistas en criminalística más reconocidos del país.
Descartan conexión con Robles Mora
Las autoridades nayaritas también descartan la posibilidad de que el hallazgo de esta narcofosa esté relacionado con la desaparición, desde febrero pasado, de Víctor Alejandro Robles Mora, un agente de Tránsito de Puerto Vallarta radicado en la cabecera municipal de Bahía de Banderas, Valle de Banderas.
Para Cerón Palacios, la información proporcionada permite establecer que se trata de otra persona, pues la posible fecha de muerte no excede los dos meses. No obstante, aseguró que las investigaciones continúan en Jalisco y que se mantendrán atentos, a pesar de que son autoridades federales y estatales las encargadas de resolver también el caso de Robles Mora.
“Hay que recordar que cada dependencia tienes sus atribuciones, la nuestra es meramente preventiva, no podemos hacer investigaciones policiacas porque estaríamos invadiendo otras esferas de competencias e incluso podríamos entorpecer las averiguaciones. Insisto en que este asunto en particular lo tendrá que informar Jalisco, pues además ellos saben, por el avance de su trabajo, qué información se tienen que reservar para lograr un resultado favorable”, aclaró.
De cualquier manera, Cerón Palacios no evadió, como se hacía antes de su ingreso temporal a la dirección de la Policía municipal, reconocer las sospechas que se han señalado en la averiguación por la desaparición de Robles Mora por parte de dos elementos de la corporación a su cargo, con quienes habría sostenido una riña un par de días antes de desaparecer.
“Hace aproximadamente 20 días comenzamos una investigación administrativa, alrededor de los enfrentamientos verbales que el personal de la dependencias sostuvo con Robles Mora. No sólo estamos evaluando si hay faltas por parte de los dos elementos señalados, sino a todo el personal que pudo tener conocimiento del suceso como consta en las bitácoras y las partes. Quiero recordar que en cuanto entramos a esta responsabilidad, hace cuatro meses, presentamos a todos estos elementos ante el Ministerio Público, para que hicieran sus declaraciones”, dijo.
Así la investigación interna pretende determinar cualquier comportamiento violento, tendencia o evidencia que permitiera establecer que hubo irregularidades o faltas graves en el trabajo de los policías involucrados. Aunque se fue claro en que se trata solo de una investigación administrativa que puede derivar en sanciones o inhabilitación, pero que no condena ni responsabiliza a nadie de la desaparición, pues esa es otra esfera de competencia.
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domingo, 20 de septiembre de 2009
Ataques frustrados a Macromódulo y Tránsito municipal
La puerta se abrió de golpe y un individuo cubierto por un casco negro arrojó un calcetín con algo adentro y salió corriendo. La cabinera que cubría el turno nocturno en la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, en el crucero de Mezcales, todavía se dio la oportunidad de tentar el objeto oculto en el calcetín y salir corriendo a la calle, al palpar algo parecido a una granada de fragmentación. Detrás de ella, los dos elementos de guardia.
“¿Los pedos pesan, jefe?”, preguntó uno de ellos cuando ya habían llegado todas las autoridades militares y judiciales a atender el reporte. El director de Tránsito entendió perfectamente lo que su subordinado quiso decir, cerca de 16 horas después lo cuenta como una anécdota graciosa. No lo es.
Por unas horas, el ataque a las oficinas de Tránsito mantuvieron en tensión a todos los órdenes de gobierno. Aunque el artefacto no se activó, no detonó y, por lo tanto, no registró daño alguno; minutos antes de las diez de la noche del miércoles 16 de septiembre pasado -cuando se registró el incidente en Tránsito- hubo otro ataque similar en contra de la Policía Estatal Investigadora (PEI), en el macromódulo de seguridad de La Jarretadera. Tampoco ahí estalló el artefacto.
De acuerdo con las declaraciones de la cabinera en turno, cuyo nombre se protege por motivos de seguridad, el atacante arribó a bordo de una motocicleta cubierto completamente del rostro por un casco negro y vestido con una camisa blanca, frente a la puerta de la oficina descendió, abrió la puerta, lanzó el artefacto envuelto en un calcetín y huyó a toda velocidad de nuevo en la motocicleta. Todo en cuestión de segundos.
El reporte a los cuerpos de seguridad y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio de inmediato, cuando las patrullas cercanas llegaron se percataron de la motocicleta abandonada a unas tres cuadras de la oficina de Tránsito. Presuntamente el agresor habría huido sobre la carretera Puerto Vallarta-Tepic, tomado por una cuadra la que lleva de Mezcales a San Juan, circulado en sentido contrario al que llegó y aproximadamente tres cuadras después abandonado la moto para abordar un vehículo desconocido que lo esperaba.
“No puedo decir si era una granada de fragmentación, así lo parece por lo que me relatan los elementos, pero no lo podemos asegurar. Yo personalmente no vi el artefacto, porque de inmediato dejamos que fueran las autoridades correspondientes las que analizaran la escena. La Sedena se llevó en custodia el artefacto para analizarlo y la Procuraduría General de la República el calcetín. La verdad no puedo decir más, porque ya no es de mi conocimiento”, estableció el director de Tránsito, Víctor Saúl Palomera Olvera.
El funcionario descartó que el ataque estuviera relacionado con algún ajuste de cuentas contra él o cualquier elemento de la dependencia e incluso señaló que probablemente se trataba de amateurs en busca de amedrentar a ambas instituciones, por la proximidad de los hechos.
“No hemos recibido amenzas ni tenido enfrentamientos con nadie, ni yo ni nadie del departamento. Tampoco tenemos razones para dejar de trabajar, aquí estamos, cumpliendo con nuestras funciones como todos los días. Lo único es que tanto nosotros como la policía municipal hemos recibido la instrucción de incrementar las medidas de seguridad para resguardar a la población”, señaló.
Antes, en conferencia de prensa, el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Joel Rubén Cerón Palacios, había descartado también -hasta no tener mayores evidencias- la vinculación de los hechos del miércoles por la noche, con el hallazgo de las narcofosas en Aguamilpa, Nayarit, por parte de la Policía Estatal de Jalisco.
El funcionario, uno de los más cercanos al presidente municipal, señaló que las investigaciones por involucrar posibles explosivos y delitos del fuero federal quedan en manos de la Sedena, la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit (PGJEN), por lo que toda la información quedaba reservada para no entorpecer las investigaciones.
La motocicleta que conducía el agresor fue resguardada por Tránsito Municipal en el terreno aledaño a la dependencia propiedad de ACASPEN, y permaneció hasta cerca de las tres de la tarde cuando peritos de la PGR y la PGJEN arribaron desde Tepic para comenzar con las indagatorias.
Se trata de una motocicleta evidentemente armada con partes de diferentes marcas y sin sellos que permitan identificación, sin matrícula. Se le practicaron pruebas periciales y se tomaron las huellas dactilares a su carrocería.
“¿Los pedos pesan, jefe?”, preguntó uno de ellos cuando ya habían llegado todas las autoridades militares y judiciales a atender el reporte. El director de Tránsito entendió perfectamente lo que su subordinado quiso decir, cerca de 16 horas después lo cuenta como una anécdota graciosa. No lo es.
Por unas horas, el ataque a las oficinas de Tránsito mantuvieron en tensión a todos los órdenes de gobierno. Aunque el artefacto no se activó, no detonó y, por lo tanto, no registró daño alguno; minutos antes de las diez de la noche del miércoles 16 de septiembre pasado -cuando se registró el incidente en Tránsito- hubo otro ataque similar en contra de la Policía Estatal Investigadora (PEI), en el macromódulo de seguridad de La Jarretadera. Tampoco ahí estalló el artefacto.
De acuerdo con las declaraciones de la cabinera en turno, cuyo nombre se protege por motivos de seguridad, el atacante arribó a bordo de una motocicleta cubierto completamente del rostro por un casco negro y vestido con una camisa blanca, frente a la puerta de la oficina descendió, abrió la puerta, lanzó el artefacto envuelto en un calcetín y huyó a toda velocidad de nuevo en la motocicleta. Todo en cuestión de segundos.
El reporte a los cuerpos de seguridad y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio de inmediato, cuando las patrullas cercanas llegaron se percataron de la motocicleta abandonada a unas tres cuadras de la oficina de Tránsito. Presuntamente el agresor habría huido sobre la carretera Puerto Vallarta-Tepic, tomado por una cuadra la que lleva de Mezcales a San Juan, circulado en sentido contrario al que llegó y aproximadamente tres cuadras después abandonado la moto para abordar un vehículo desconocido que lo esperaba.
“No puedo decir si era una granada de fragmentación, así lo parece por lo que me relatan los elementos, pero no lo podemos asegurar. Yo personalmente no vi el artefacto, porque de inmediato dejamos que fueran las autoridades correspondientes las que analizaran la escena. La Sedena se llevó en custodia el artefacto para analizarlo y la Procuraduría General de la República el calcetín. La verdad no puedo decir más, porque ya no es de mi conocimiento”, estableció el director de Tránsito, Víctor Saúl Palomera Olvera.
El funcionario descartó que el ataque estuviera relacionado con algún ajuste de cuentas contra él o cualquier elemento de la dependencia e incluso señaló que probablemente se trataba de amateurs en busca de amedrentar a ambas instituciones, por la proximidad de los hechos.
“No hemos recibido amenzas ni tenido enfrentamientos con nadie, ni yo ni nadie del departamento. Tampoco tenemos razones para dejar de trabajar, aquí estamos, cumpliendo con nuestras funciones como todos los días. Lo único es que tanto nosotros como la policía municipal hemos recibido la instrucción de incrementar las medidas de seguridad para resguardar a la población”, señaló.
Antes, en conferencia de prensa, el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Joel Rubén Cerón Palacios, había descartado también -hasta no tener mayores evidencias- la vinculación de los hechos del miércoles por la noche, con el hallazgo de las narcofosas en Aguamilpa, Nayarit, por parte de la Policía Estatal de Jalisco.
El funcionario, uno de los más cercanos al presidente municipal, señaló que las investigaciones por involucrar posibles explosivos y delitos del fuero federal quedan en manos de la Sedena, la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit (PGJEN), por lo que toda la información quedaba reservada para no entorpecer las investigaciones.
La motocicleta que conducía el agresor fue resguardada por Tránsito Municipal en el terreno aledaño a la dependencia propiedad de ACASPEN, y permaneció hasta cerca de las tres de la tarde cuando peritos de la PGR y la PGJEN arribaron desde Tepic para comenzar con las indagatorias.
Se trata de una motocicleta evidentemente armada con partes de diferentes marcas y sin sellos que permitan identificación, sin matrícula. Se le practicaron pruebas periciales y se tomaron las huellas dactilares a su carrocería.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Denuncian acoso de autoridades
Cuando Philip y Esther Mancini compraron una casa en Guayabitos, allá por el decenio de los ochenta, no imaginaron que 20 años después vivir en el pequeño pueblito de la costa Nayarita se iba a convertir en un infierno, con la policía persiguiéndoles por todas partes y el riesgo de perder su casa luego de un amañado juicio laboral que les reclama incumplimiento de contrato. Todo por no permitir que un falso contratista les hiciera un mal trabajo.
El problema comenzó en 2003 cuando la señora Esther Tejeda de Mancini contrató los servicios de Fernando Brambila para construir una alberca. El acuerdo verbal fue que se pagaría a Brambila un total de 50 mil pesos por la obra, por lo que se le entregó un anticipo de quince mil para el inicio de los trabajos.
La obra comenzó, pero de acuerdo con la señora la calidad con que se realizaba no era la pactada. Su error fue reclamar, porque a partir de esa diferencia de opinión Esther Tejeda ha caído en dos ocasiones presa en la cárcel municipal.
El conflicto pasó primero de los reclamos a las agresiones verbales. “Si no me pagas te voy a matar”, amenazó el contratista. Brambila entonces abandonó el trabajo inconcluso, para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar a los Mancini.
Esther asegura que nunca recibió un citatorio, pero en pueblo chico siempre el infierno es grande. Como se enteró de la demanda acudió a la dependencia para defenderse. Ella asegura que mostró las pruebas de que el trabajo de construcción no estaba bien hecho.
PRESIONAN CON OTRAS ACUSACIONES
Mientras este litigio funcionaba, frente a la casa de los Mancini apareció una camioneta de modelo antigua. Ahí permaneció durante meses. Un día, en marzo de 2008, una persona que los Mancini dicen no conocer remolcó el vehículo y se lo llevó. Eso bastó para que días después Esther fuera acusada por robo calificado.
“Un día salí de mi casa y apenas al hacerlo la policía municipal me apresó. Me señalaban por haber robado una camioneta sin mayores pruebas que la acusación y el hecho de que la camioneta estaba estacionada afuera de mi casa. La camioneta estuvo fuera de mi casa por meses sin que nadie siquiera se asomara a vigilarla. ¿Por qué me acusan de robo precisamente el mismo día que se desaparece?”, se pregunta Esther con gran indignación en una entrevista telefónica.
Un mes duró en la cárcel Mancini, un mes sin que se le diera acceso al juzgado. Cuando por fin llegó el día de la audiencia obtuvo la libertad bajo fianza. Acudía a firmar los documentos de libertad provisional cada semana.
Un día preguntó se podía ir a su país de origen para atender algunos negocios y le dijeron que siempre que volviera a firmar la semana siguiente lo podría hacer. Fue y cuando regresó fue arrestada de nuevo y presentada al juzgado. “Ellos me dijeron que lo podía hacer, pero al final resultó que no”, señala.
Asustada por el proceder de los jueces y la policía siguió el consejo de un abogado que hoy no está segura de que la representara sin atender a otros intereses, Juan Bueno, y pagó por los daños para obtener la libertad por la vía del amparo.
Tras su liberación vinieron nuevas amenzas de Brambila, de nuevo de muerte, o de encarcelamiento por no pagarle la alberca que nunca terminó. Acudió al Ministerio Público para denunciar las amenzas pero no le escucharon ni levantaron denuncia alguna.
“La cárcel acá no es agradable, las condiciones son deplorables. Les avisé de las amenazas, pero nadie me hizo caso. Hablé al consulado y una persona, que no recuerdo el nombre, me dijo que nos ayudarían con el problema, pero nada pasó. Así que decidí irme a Estados Unidos, porque tenía miedo. Mi esposo se quedó por razones de salud y negocios”, cuenta Esther.
Mientras toda esta estafa del carro robado, del que aparentemente aún ahora no se conoce el paradero, distraía la atención de los Mancini. El juicio laboral prosiguió: no hubo más audiencias ni citatorios para Esther.
LES EXIGEN EL DESALOJO
El pasado 3 de agosto Philip, quien no habla español, recibió una orden de embargo. Al parecer Brambila había logrado ganar el juicio laboral y, en lugar de exigir solamente la restitución de los 35 mil pesos restantes de la ejecución de la obra, logró que la Junta exigiera a los Mancini una indemnización por un millón de dólares. La orden de embargo ordenaba el aseguramiento de la casa por lo que incluía además una instrucción de desalojo.
“Me están pidiendo que entregue mi casa de más de 850 mil dólares por una disputa de menos de tres mil quinientos. Es simplemente absurdo, pero se aprovechan porque nosotros no conocemos las leyes de este país y los abogados que nos han representado parecen no hacerlo bien”, reclama también Philip.
Pero la historia no para ahí, porque ahora también Philip enfrenta otro juicio laboral. Ahora se trata de un pintor que fue contratado hace poco más de un mes para refrescar la fachada de la casa. La semana pasada inició él también un juicio, al parecer como una nueva estrategia de presión.
Todo esto, fue relatado también por un amigo de los Mancini, Héctor Cavazos, mediante una misiva dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La carta fue enviada con copias a autoridades del estado de Nayarit y federales al comienzo de agosto pasado. Nada ocurrió desde entonces, nada hasta que Esther regresó para defender su patrimonio.
)))))DESCANSO(((( SEGUNDO ARRESTO
“Vine de regreso desde la semana pasada porque el abogado que está siguiendo ahora el caso me dijo que tenía que venir a firmar unos documentos. Me dijo además que era seguro, que no tendría problemas”, relata Esther.
No resultó así. Una mañana cuando salieron de su casa, la policía municipal les cerró el paso y los detuvo de nuevo. Les dijo que había un reporte de que su propio auto estaba reportado como robado. Curiosamente, la arrestaron sólo a ella. De nuevo fue a parar a la cárcel, de la que acaba de salir apenas éste lunes.
“Yo creo que Fernando está pagando dinero por debajo del agua. El argumento que usaron esta vez para arrestarme fue que yo había regalado el auto a una persona y que luego se lo había quitado sin más. Pero nunca pudieron exhibir un documento de que yo hubiera hecho esa cesión de los derechos del automóvil, claro porque nunca se lo regalé. De todos modos me arrestaron”, cuenta.
En esta segunda ocasión Esther duró sólo cinco días en la cárcel, pero asegura que el acoso de las autoridades municipales sencillamente no para. Ayer, por ejemplo, los uniformados apostados afuera de su casa la siguieron varias cuadras mientras se dirigía a la tienda de abarrotes.
“Ahí en la tienda estuve platicando con una señora, ella de nacionalidad mexicana. Me decía que a ella también le quieren quitar un terreno así, con presiones. Parece que esto es una práctica común por acá”, concluye.
El problema comenzó en 2003 cuando la señora Esther Tejeda de Mancini contrató los servicios de Fernando Brambila para construir una alberca. El acuerdo verbal fue que se pagaría a Brambila un total de 50 mil pesos por la obra, por lo que se le entregó un anticipo de quince mil para el inicio de los trabajos.
La obra comenzó, pero de acuerdo con la señora la calidad con que se realizaba no era la pactada. Su error fue reclamar, porque a partir de esa diferencia de opinión Esther Tejeda ha caído en dos ocasiones presa en la cárcel municipal.
El conflicto pasó primero de los reclamos a las agresiones verbales. “Si no me pagas te voy a matar”, amenazó el contratista. Brambila entonces abandonó el trabajo inconcluso, para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar a los Mancini.
Esther asegura que nunca recibió un citatorio, pero en pueblo chico siempre el infierno es grande. Como se enteró de la demanda acudió a la dependencia para defenderse. Ella asegura que mostró las pruebas de que el trabajo de construcción no estaba bien hecho.
PRESIONAN CON OTRAS ACUSACIONES
Mientras este litigio funcionaba, frente a la casa de los Mancini apareció una camioneta de modelo antigua. Ahí permaneció durante meses. Un día, en marzo de 2008, una persona que los Mancini dicen no conocer remolcó el vehículo y se lo llevó. Eso bastó para que días después Esther fuera acusada por robo calificado.
“Un día salí de mi casa y apenas al hacerlo la policía municipal me apresó. Me señalaban por haber robado una camioneta sin mayores pruebas que la acusación y el hecho de que la camioneta estaba estacionada afuera de mi casa. La camioneta estuvo fuera de mi casa por meses sin que nadie siquiera se asomara a vigilarla. ¿Por qué me acusan de robo precisamente el mismo día que se desaparece?”, se pregunta Esther con gran indignación en una entrevista telefónica.
Un mes duró en la cárcel Mancini, un mes sin que se le diera acceso al juzgado. Cuando por fin llegó el día de la audiencia obtuvo la libertad bajo fianza. Acudía a firmar los documentos de libertad provisional cada semana.
Un día preguntó se podía ir a su país de origen para atender algunos negocios y le dijeron que siempre que volviera a firmar la semana siguiente lo podría hacer. Fue y cuando regresó fue arrestada de nuevo y presentada al juzgado. “Ellos me dijeron que lo podía hacer, pero al final resultó que no”, señala.
Asustada por el proceder de los jueces y la policía siguió el consejo de un abogado que hoy no está segura de que la representara sin atender a otros intereses, Juan Bueno, y pagó por los daños para obtener la libertad por la vía del amparo.
Tras su liberación vinieron nuevas amenzas de Brambila, de nuevo de muerte, o de encarcelamiento por no pagarle la alberca que nunca terminó. Acudió al Ministerio Público para denunciar las amenzas pero no le escucharon ni levantaron denuncia alguna.
“La cárcel acá no es agradable, las condiciones son deplorables. Les avisé de las amenazas, pero nadie me hizo caso. Hablé al consulado y una persona, que no recuerdo el nombre, me dijo que nos ayudarían con el problema, pero nada pasó. Así que decidí irme a Estados Unidos, porque tenía miedo. Mi esposo se quedó por razones de salud y negocios”, cuenta Esther.
Mientras toda esta estafa del carro robado, del que aparentemente aún ahora no se conoce el paradero, distraía la atención de los Mancini. El juicio laboral prosiguió: no hubo más audiencias ni citatorios para Esther.
LES EXIGEN EL DESALOJO
El pasado 3 de agosto Philip, quien no habla español, recibió una orden de embargo. Al parecer Brambila había logrado ganar el juicio laboral y, en lugar de exigir solamente la restitución de los 35 mil pesos restantes de la ejecución de la obra, logró que la Junta exigiera a los Mancini una indemnización por un millón de dólares. La orden de embargo ordenaba el aseguramiento de la casa por lo que incluía además una instrucción de desalojo.
“Me están pidiendo que entregue mi casa de más de 850 mil dólares por una disputa de menos de tres mil quinientos. Es simplemente absurdo, pero se aprovechan porque nosotros no conocemos las leyes de este país y los abogados que nos han representado parecen no hacerlo bien”, reclama también Philip.
Pero la historia no para ahí, porque ahora también Philip enfrenta otro juicio laboral. Ahora se trata de un pintor que fue contratado hace poco más de un mes para refrescar la fachada de la casa. La semana pasada inició él también un juicio, al parecer como una nueva estrategia de presión.
Todo esto, fue relatado también por un amigo de los Mancini, Héctor Cavazos, mediante una misiva dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La carta fue enviada con copias a autoridades del estado de Nayarit y federales al comienzo de agosto pasado. Nada ocurrió desde entonces, nada hasta que Esther regresó para defender su patrimonio.
)))))DESCANSO(((( SEGUNDO ARRESTO
“Vine de regreso desde la semana pasada porque el abogado que está siguiendo ahora el caso me dijo que tenía que venir a firmar unos documentos. Me dijo además que era seguro, que no tendría problemas”, relata Esther.
No resultó así. Una mañana cuando salieron de su casa, la policía municipal les cerró el paso y los detuvo de nuevo. Les dijo que había un reporte de que su propio auto estaba reportado como robado. Curiosamente, la arrestaron sólo a ella. De nuevo fue a parar a la cárcel, de la que acaba de salir apenas éste lunes.
“Yo creo que Fernando está pagando dinero por debajo del agua. El argumento que usaron esta vez para arrestarme fue que yo había regalado el auto a una persona y que luego se lo había quitado sin más. Pero nunca pudieron exhibir un documento de que yo hubiera hecho esa cesión de los derechos del automóvil, claro porque nunca se lo regalé. De todos modos me arrestaron”, cuenta.
En esta segunda ocasión Esther duró sólo cinco días en la cárcel, pero asegura que el acoso de las autoridades municipales sencillamente no para. Ayer, por ejemplo, los uniformados apostados afuera de su casa la siguieron varias cuadras mientras se dirigía a la tienda de abarrotes.
“Ahí en la tienda estuve platicando con una señora, ella de nacionalidad mexicana. Me decía que a ella también le quieren quitar un terreno así, con presiones. Parece que esto es una práctica común por acá”, concluye.
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