Es un año particularmente difícil para las relaciones laborales. Los despidos están a la orden del día y las liquidaciones conforme a lo establecido por la ley se complican por la crisis económica que vive la región tras la caída de las bolsas a escala mundial y, más tarde, producto de la contingencia sanitaria por el virus de Influenza Humana. Esto se refleja en el número de conflictos que atiende la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 4 de Nayarit, con sede en Bucerías.
Ya en los primeros días de mayo, apenas registrados los primeros cierres temporales de hoteles por la contingencia sanitaria, la titular de la dependencia, Eudolia Esparza, anunciaba un incremento de 100 por ciento en las demandas laborales con respecto al año anterior (Tribuna de la Bahía, 11 de mayo de 2009). Entonces, se tenían registradas apenas 80.
Ahora, en lo que va de enero a septiembre de este 2009 las cifra alcanza los 423 asuntos. El incremento llama la atención porque indica que entre el 11 de mayo y el 8 de septiembre se habrían recibido 343 nuevos casos.
“Hay que tomar en cuenta además que en esta región tradicionalmente se da un incremento en los conflictos laborales entre septiembre y octubre, cuando se tiene la temporada baja; este año todavía estamos esperando ese aumento”, refirió Eudolia Estrada.
Para medir el tamaño del problema, basta referirse a la estadística del año pasado. Entre enero y diciembre de 2008 se habían recibido 382 demandas en total para la jurisdicción que atiende esta Junta Especial y que, geográficamente, va de Las Varas hasta el Río Ameca. Es decir, en sólo ocho meses y medio hay ya 41 asuntos más registrados en 2009 que los que fueron recibidos en todo 2008.
“En la mayoría de los casos logramos una conciliación entre las partes. Es decir, en aproximadamente el 80 por ciento de las demandas que se solicitan en esta Junta demandado y demandante llegan a un acuerdo. Pero en algunos casos nadie quiere ceder, entonces se llevan un juicio largo antes de la resolución”, concluyó.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Actúa Ayuntamiento contra construcciones en Villas Miramar
“Yo no tengo hermanos, ni cómodos ni incómodos; tampoco compadres”, advierte el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar, cuando se le pregunta por la clausura de una construcción en San Vicente. Evita decir el nombre del propietario, porque la construcción detenida pertenece a un ex funcionario municipal, José Gómez Pérez, quien además fuera el coordinador de su campaña el año anterior.
No hay compadrazgos y la clausura se dio conforme a la ley, reconoce por su parte Gómez Pérez, quien asegura no cuestionar la forma sino el fondo, pues acusa un constante bloqueo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Eocología cuando intenta los trámites de las licencias.
“Las dos partes tenemos razón. El Ayuntamiento está actuando conforme a derecho y hasta ahora sus argumentos legales son válidos; pero también los míos y lo que no veo bien es que se estén tomando decisiones por cuestiones meramente políticas”, asegura el ex titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo.
Hace unas semanas Gómez Pérez comenzó a construir sin licencia en un predio ubicado dentro de la polémica colonia Villas Miramar, aquella que se dejara sin urbanizar por la Inmobiliaria Inmoser, que desapareció luego de haber cobrado anticipos por promesas de compra-venta a un sinnúmero de personas.
José Gómez se asegura una víctima más del inmenso fraude, sólo que él además de haber adquirido casa-habitación, refiere haber pactado y pagado un terreno en la franja comercial del fraccionamiento; el predio en que ahora pretende construir.
El fraude asegura, se habría consolidado luego de que pagó en su totalidad el terreno, por lo que ya pelea en tribunales que se le dé total posesión. Sin embargo, señala, la falta de una escritura ha servido de pretexto para no concederle el permiso de construcción.
“Llevó casi ocho meses haciendo el trámite. Es cierto que no tengo la escritura, pero también que ya he acreditado la propiedad del terreno, con la promesa de compra-venta, el contrato con la inmobiliaria y las fichas de depósito a la cuenta de la empresa que certifican el pago del total pactado. Entonces, el Ayuntamiento no debería negarme los permisos por esa razón”, explica José Gómez.
Para nadie es oculto que las fricciones entre el promotor de espectáculos y el presidente municipal comenzaron al principio de la Administración, por septiembre de 2008. El alejamiento entre los dos actores políticos habría derivado de la falta de concesiones para la organización de los bailes, que tradicionalmente promueve Gómez.
Después la apertura de Gómez en su intención por obtener la próxima nominación del PRI a la alcaldía, para la que trabaja a partir de un programa radiofónico y de asistencia social, hizo todavía más grande la fractura.
Las razones para la clausura de la obra difieren en los discursos. En la lectura que hace José Gómez, el alcalde no sólo estaría bloqueándolo por motivos políticos sino que atendería con esta acción la presión social que ejercen los residentes de Villas Miramar, quienes en su mayoría han tomado posesión de las casas inconclusas de forma ilegal, con el pretexto del incumplimiento de la empresa.
Héctor Paniagua es enfático cuando señala el motivo por el que se le han negado los permisos de construcción. “Pidió la licencia para construir una discoteca, eso no lo podemos permitir, no en ese lugar. Ahora dice que es un salón de usos múltiples para la sociedad, eso dice, pero en el permiso pidió otra cosa”, asegura el alcalde.
No hay compadrazgos y la clausura se dio conforme a la ley, reconoce por su parte Gómez Pérez, quien asegura no cuestionar la forma sino el fondo, pues acusa un constante bloqueo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Eocología cuando intenta los trámites de las licencias.
“Las dos partes tenemos razón. El Ayuntamiento está actuando conforme a derecho y hasta ahora sus argumentos legales son válidos; pero también los míos y lo que no veo bien es que se estén tomando decisiones por cuestiones meramente políticas”, asegura el ex titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo.
Hace unas semanas Gómez Pérez comenzó a construir sin licencia en un predio ubicado dentro de la polémica colonia Villas Miramar, aquella que se dejara sin urbanizar por la Inmobiliaria Inmoser, que desapareció luego de haber cobrado anticipos por promesas de compra-venta a un sinnúmero de personas.
José Gómez se asegura una víctima más del inmenso fraude, sólo que él además de haber adquirido casa-habitación, refiere haber pactado y pagado un terreno en la franja comercial del fraccionamiento; el predio en que ahora pretende construir.
El fraude asegura, se habría consolidado luego de que pagó en su totalidad el terreno, por lo que ya pelea en tribunales que se le dé total posesión. Sin embargo, señala, la falta de una escritura ha servido de pretexto para no concederle el permiso de construcción.
“Llevó casi ocho meses haciendo el trámite. Es cierto que no tengo la escritura, pero también que ya he acreditado la propiedad del terreno, con la promesa de compra-venta, el contrato con la inmobiliaria y las fichas de depósito a la cuenta de la empresa que certifican el pago del total pactado. Entonces, el Ayuntamiento no debería negarme los permisos por esa razón”, explica José Gómez.
Para nadie es oculto que las fricciones entre el promotor de espectáculos y el presidente municipal comenzaron al principio de la Administración, por septiembre de 2008. El alejamiento entre los dos actores políticos habría derivado de la falta de concesiones para la organización de los bailes, que tradicionalmente promueve Gómez.
Después la apertura de Gómez en su intención por obtener la próxima nominación del PRI a la alcaldía, para la que trabaja a partir de un programa radiofónico y de asistencia social, hizo todavía más grande la fractura.
Las razones para la clausura de la obra difieren en los discursos. En la lectura que hace José Gómez, el alcalde no sólo estaría bloqueándolo por motivos políticos sino que atendería con esta acción la presión social que ejercen los residentes de Villas Miramar, quienes en su mayoría han tomado posesión de las casas inconclusas de forma ilegal, con el pretexto del incumplimiento de la empresa.
Héctor Paniagua es enfático cuando señala el motivo por el que se le han negado los permisos de construcción. “Pidió la licencia para construir una discoteca, eso no lo podemos permitir, no en ese lugar. Ahora dice que es un salón de usos múltiples para la sociedad, eso dice, pero en el permiso pidió otra cosa”, asegura el alcalde.
martes, 8 de septiembre de 2009
Es definitiva la resolución contra los Mancini
Aunque tan sólo en lo que va de este año se han recibido más de 400 casos, en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 4, con sede en Bucerías, tienen fresco el pleito que entablara Fernando Brambila contra Esther Tejeda de Mancini por incumplimiento de contrato; hay una razón para eso: es el primer caso que atiende esa Junta que termina con la adjudicación de un bien por la vía de la subasta.
Desde su creación hacia finales de 2004, la Junta Especial no había tenido que llegar en un caso a esta instancia. La mayoría de los recursos interpuestos por trabajadores, aseguran, termina en conciliación, el resto cuando hay un laudo condenatorio, se cumple sin tener que requerir el embargo.
Así, el remate el pasado 3 de agosto de la propiedad de Esther Tejeda de Mancini, el primero que realiza esa Juntam, les llama la atención. “Es un caso en el que a ambas partes les ganó la pasión. El problema es que ya hay un laudo condenatorio que es definitivo y los Mancini tienen ya poco que apelar, por no decir que ya no hay nada qué hacer”, explica la presidenta de esa dependencia, Eudolia Estrada.
Desde el punto de vista de la titular de este organismo de arbitraje laboral, los Mancini tuvieron una pobre representación legal con los abogados que fueron presentados e incluso advirtió que si no recibieron notificaciones directamente en su domicilio, es parte de esa mala actuación de los abogados.
“La señora se presentó a la primera audiencia y declaró, ahí mismo se presentó con carta poder su abogado y también hizo sus pronunciamientos. En ese primer encuentro el abogado señaló como domicilio para las notificaciones el estrado; por eso todas las notificaciones que derivaron después se enviaron ahí, al estrado. El abogado debió estar atento a recibirlas”, explica la funcionaria.
Eudolia Estrada incluso recuerda que el mes de julio pasado, cuando la Junta emitió el laudo condenatorio y, tras vencerse el término para presentar la indemnización del empleado, se dio la orden de remate, ella pidió que fuera personal de la Junta Especial a entregar una notificación al domicilio de los Mancini, a pesar de que habían solicitado ser enterados en el estrado.
“Nos parecía muy raro que se cumplieran los términos y no tuviéramos reacción de ella; pero así fueron venciendo todos los plazos. Cuando salió la orden de remate, le mandamos la notificación al domicilio. Incluso se hizo cuando hubo un periodo de vacaciones, en julio pasado, esperando que en ese tiempo se presentarán y antes de rematar la casa presentaran la indemnización. Pero tampoco se presentaron”, señala.
Al remate asegura que se presentaron varias ofertas. Se adjudicó a la mejor. Entonces se pidió de nuevo notificar del resultado a los afectados, la casa ya no es de ellos y tienen que dejarla, asegura Estrada.
“En estos días han venido como seis abogados pidiendo el expediente, en su nombre, sólo uno de ellos exhibió la carta poder para poder acceder a los documentos. Nos dicen que la señora está en Estados Unidos, pero nosotros no podemos, por ley, entregar copias a cualquiera. Además insisto, el laudo ya está, ya no hay más nada qué hacer”, señala.
Cuando se recuerda que el problema inicial se refería a un contrato para construir una alberca por 50 mil pesos, de los que ya se habían pagado 35 mil, y se preguntan las causas que obligaron a la Junta a emitir el laudo condenando a pagar más de 188 mil pesos a los patrones, la funcionaria explica que la demanda fue por sueldos caídos.
“El trabajador no demandó por el importe de lo construido, sino sobre el monto que se le había estado pagando periodicamente. Sobre esa base, se le concede el pago de salarios caídos y resulta en la suma que señala la condena”, concluye Eudolia Estrada.
Desde su creación hacia finales de 2004, la Junta Especial no había tenido que llegar en un caso a esta instancia. La mayoría de los recursos interpuestos por trabajadores, aseguran, termina en conciliación, el resto cuando hay un laudo condenatorio, se cumple sin tener que requerir el embargo.
Así, el remate el pasado 3 de agosto de la propiedad de Esther Tejeda de Mancini, el primero que realiza esa Juntam, les llama la atención. “Es un caso en el que a ambas partes les ganó la pasión. El problema es que ya hay un laudo condenatorio que es definitivo y los Mancini tienen ya poco que apelar, por no decir que ya no hay nada qué hacer”, explica la presidenta de esa dependencia, Eudolia Estrada.
Desde el punto de vista de la titular de este organismo de arbitraje laboral, los Mancini tuvieron una pobre representación legal con los abogados que fueron presentados e incluso advirtió que si no recibieron notificaciones directamente en su domicilio, es parte de esa mala actuación de los abogados.
“La señora se presentó a la primera audiencia y declaró, ahí mismo se presentó con carta poder su abogado y también hizo sus pronunciamientos. En ese primer encuentro el abogado señaló como domicilio para las notificaciones el estrado; por eso todas las notificaciones que derivaron después se enviaron ahí, al estrado. El abogado debió estar atento a recibirlas”, explica la funcionaria.
Eudolia Estrada incluso recuerda que el mes de julio pasado, cuando la Junta emitió el laudo condenatorio y, tras vencerse el término para presentar la indemnización del empleado, se dio la orden de remate, ella pidió que fuera personal de la Junta Especial a entregar una notificación al domicilio de los Mancini, a pesar de que habían solicitado ser enterados en el estrado.
“Nos parecía muy raro que se cumplieran los términos y no tuviéramos reacción de ella; pero así fueron venciendo todos los plazos. Cuando salió la orden de remate, le mandamos la notificación al domicilio. Incluso se hizo cuando hubo un periodo de vacaciones, en julio pasado, esperando que en ese tiempo se presentarán y antes de rematar la casa presentaran la indemnización. Pero tampoco se presentaron”, señala.
Al remate asegura que se presentaron varias ofertas. Se adjudicó a la mejor. Entonces se pidió de nuevo notificar del resultado a los afectados, la casa ya no es de ellos y tienen que dejarla, asegura Estrada.
“En estos días han venido como seis abogados pidiendo el expediente, en su nombre, sólo uno de ellos exhibió la carta poder para poder acceder a los documentos. Nos dicen que la señora está en Estados Unidos, pero nosotros no podemos, por ley, entregar copias a cualquiera. Además insisto, el laudo ya está, ya no hay más nada qué hacer”, señala.
Cuando se recuerda que el problema inicial se refería a un contrato para construir una alberca por 50 mil pesos, de los que ya se habían pagado 35 mil, y se preguntan las causas que obligaron a la Junta a emitir el laudo condenando a pagar más de 188 mil pesos a los patrones, la funcionaria explica que la demanda fue por sueldos caídos.
“El trabajador no demandó por el importe de lo construido, sino sobre el monto que se le había estado pagando periodicamente. Sobre esa base, se le concede el pago de salarios caídos y resulta en la suma que señala la condena”, concluye Eudolia Estrada.
“Sótano no es otro piso”: Paniagua
El desarrollo Aura Arena Blanca no habría cometido falta alguna al construir un sótano sin notificar a las autoridades municipales, según estableció el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar, quien descartó que se vaya a proceder desde el Ayuntamiento en contra de los constructores.
El desarrollo que ha sido demandado por uno de sus vecinos por daños en su propiedad, también fue acusado de ecocidio en medio de la estrategia legal. Sin embargo, actuaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) concluyeron que no había violaciones ambientales sino la construcción de un piso más de lo autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo que refirió el asunto al Ayuntamiento.
“Un sótano no es un piso más. Lo digo con el respeto que me merece el procurador. Porque un sótano no se va a a vender, es un estacionamiento o una bodega. Yo no considero que sea un piso más. Este problema, lo hemos dicho muchas veces es entre particulares, pero insisten en mediatizarlo”, aseguró.
El primer edil incluso llamo a las partes a llegar a un acuerdo, porque de lo contrario podrían pasar más de 30 años en litigios antes de que se llegue a una solución definitiva.
El desarrollo que ha sido demandado por uno de sus vecinos por daños en su propiedad, también fue acusado de ecocidio en medio de la estrategia legal. Sin embargo, actuaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) concluyeron que no había violaciones ambientales sino la construcción de un piso más de lo autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo que refirió el asunto al Ayuntamiento.
“Un sótano no es un piso más. Lo digo con el respeto que me merece el procurador. Porque un sótano no se va a a vender, es un estacionamiento o una bodega. Yo no considero que sea un piso más. Este problema, lo hemos dicho muchas veces es entre particulares, pero insisten en mediatizarlo”, aseguró.
El primer edil incluso llamo a las partes a llegar a un acuerdo, porque de lo contrario podrían pasar más de 30 años en litigios antes de que se llegue a una solución definitiva.
Reconoce gobierno municipal que Zar estaría operando sin permisos
No hay todavía autorización de cambio de uso de suelo para la parcela que hoy ocupa el hotel Zar, por lo tanto tampoco se le ha dado la carta de habitabilidad y, derivado de lo último, no hay licencia de operación comercial para el establecimiento. Así lo reconoció el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar, quien sin embargo evitó ordenar la clausura del establecimiento.
Consultado sobre la situación legal que priva para el hotel, el alcalde negó que se hubieran dado concesiones especiales al establecimiento. Incluso se dijo sorprendido de conocer que ya aceptaban huéspedes y pidió al encargado de despacho en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología realizar una visita de inspección.
“Nosotros hemos sido claros en solicitarles que regularicen su situación. Es un negocio de una familia muy trabajadora de aquí de Bahía de Banderas, los Martínez, y no queremos tampoco ahuyentar la inversión. Pero sus cosas no están bien, pueden preguntar incluso al ejido de San Vicente, tienen un pleito por el derecho al tanto, entonces nos e ha autorizado el cambio de uso de suelo y sin eso, pues no hay carta de habitabilidad”, señaló el presidente municipal.
Lo anterior fue cotejado por Héctor Cruz quien ofreció un resumen de la situación, en el que se insistió que se está trabajando para que los inversionistas cumplan con todos los trámites de ley antes de otorgarles la carta de habitabilidad.
No obstante este reconocimiento, el alcalde matizó sus declaraciones y pidió a Desarrollo Urbano actuar de forma prudente, sin agresiones para la empresa, pero con firmeza para hacer cumplir la ley.
“Instruyo en este momento para que se haga una inspección de forma pacífica, para checar cuál es la situación real y si de verdad se está operando sin licencias. Hay que ir y hacer los señalamientos pertinentes, pero sin clausurar inmediatamente, sino poniendo un plazo para que se regularicen; un plazo corto eso sí”, concluyó el primer edil.
Consultado sobre la situación legal que priva para el hotel, el alcalde negó que se hubieran dado concesiones especiales al establecimiento. Incluso se dijo sorprendido de conocer que ya aceptaban huéspedes y pidió al encargado de despacho en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología realizar una visita de inspección.
“Nosotros hemos sido claros en solicitarles que regularicen su situación. Es un negocio de una familia muy trabajadora de aquí de Bahía de Banderas, los Martínez, y no queremos tampoco ahuyentar la inversión. Pero sus cosas no están bien, pueden preguntar incluso al ejido de San Vicente, tienen un pleito por el derecho al tanto, entonces nos e ha autorizado el cambio de uso de suelo y sin eso, pues no hay carta de habitabilidad”, señaló el presidente municipal.
Lo anterior fue cotejado por Héctor Cruz quien ofreció un resumen de la situación, en el que se insistió que se está trabajando para que los inversionistas cumplan con todos los trámites de ley antes de otorgarles la carta de habitabilidad.
No obstante este reconocimiento, el alcalde matizó sus declaraciones y pidió a Desarrollo Urbano actuar de forma prudente, sin agresiones para la empresa, pero con firmeza para hacer cumplir la ley.
“Instruyo en este momento para que se haga una inspección de forma pacífica, para checar cuál es la situación real y si de verdad se está operando sin licencias. Hay que ir y hacer los señalamientos pertinentes, pero sin clausurar inmediatamente, sino poniendo un plazo para que se regularicen; un plazo corto eso sí”, concluyó el primer edil.
Abrirán siete nuevos grupos de primaria
Aunque la escuela primaria del fraccionamiento Palma Real no ha sido entregada al Ayuntamiento, los pequeños de la zona cercana al inmueble pronto podrían tener clases como si pertenecieran a la escuela. Así lo confirmó el líder del magisterio en el municipio, Antonio Plácito, quien asegura que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) ya acordaron abrir seis nuevos grupos que atiendan la demanda de escuelas para pequeños de Bahía de Banderas.
Así, aunque la escuela no esté en funciones, este martes se podrían ya estar asignando siete nuevos profesores a igual número de salones de clase, no sólo para la primaria de Palma Real, en San Vicente, sino también para la de Jardines del Sol, en San José del Valle. Que trabajarían temporalmente y en lo que se hace la entrega oficial de las instalaciones al Ayuntamiento, en los salones de otras escuelas de esas mismas poblaciones.
“Los niños que ya toman clases actualmente en las primarias de San Vicente y que viven cerca de Palma Real serán referidos a los tres nuevos maestros, para que en cuanto esté lista la escuela se desahogue un poco la sobrepoblación de las primarias que ya hay”, dijo.
Antonio Plácito señaló que además de tres profesores para Palma Real y tres para Jardines del Sol, se planea la contratación de otro más para atender la sobrepoblación en uno de los salones de la primaria de Santa Rosa Tapachula, donde actualmente se sobre pasa con mucho la capacidad para un sólo maestro. “Ese grupo, ya tiene clases, pero son muchos alumnos, entonces lo que queremos es dividirlo en dos, con la llegada del nuevo profesor”.
Así, el líder sindical de los profesores en Bahía de Banderas, aseguró que con esas siete contrataciones se solucionaría ya definitivamente, al menos por este ciclo escolar, la demanda escolar en la zona 30, la del centro-valle, que es la más solicitada. Esto, dado que el resto de los grupos que se encontraban sin profesor ya tienen responsable de acuerdo con el enterado.
También alcalde ve solución en turnos vespertinos
A pesar de mostrarse preocupado por la falta de espacios para la educación básica en el municipio, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar, señaló que lo primero es garantizar la seguridad de los menores, por lo que descartó aceptar recibir la primaria de Santa Fe en las condiciones de urbanización en que se encuentra.
Sin embargo, el alcalde señaló que más allá de tener enfrente un reto importante para dotar de infraestructura educativa, llamó a las autoridades de la materia a aprovechar mejor lo que se tiene en el municipio.
Paniagua Salazar incluso desestimó el dato que el mismo Ayuntamiento publica en el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Municipal que promueve y que señala un déficit de al menos 180 aulas en el municipio.
“Sin duda tenemos que garantizar la infraestructura educativa, por eso acabamos de aprobar en Cabildo la adquisición de terrenos en áreas donde hacen falta escuelas y la donación de otros en donde tenemos los predios. Pero ese dato, de 180 aulas, yo lo que creo es que a veces se marca como si todos los pequeños tuvieran que tomar las clases al mismo tiempo, no es así, se deben aprovechar mejor los espacios en los turnos vespertinos”, señaló.
Así, aunque la escuela no esté en funciones, este martes se podrían ya estar asignando siete nuevos profesores a igual número de salones de clase, no sólo para la primaria de Palma Real, en San Vicente, sino también para la de Jardines del Sol, en San José del Valle. Que trabajarían temporalmente y en lo que se hace la entrega oficial de las instalaciones al Ayuntamiento, en los salones de otras escuelas de esas mismas poblaciones.
“Los niños que ya toman clases actualmente en las primarias de San Vicente y que viven cerca de Palma Real serán referidos a los tres nuevos maestros, para que en cuanto esté lista la escuela se desahogue un poco la sobrepoblación de las primarias que ya hay”, dijo.
Antonio Plácito señaló que además de tres profesores para Palma Real y tres para Jardines del Sol, se planea la contratación de otro más para atender la sobrepoblación en uno de los salones de la primaria de Santa Rosa Tapachula, donde actualmente se sobre pasa con mucho la capacidad para un sólo maestro. “Ese grupo, ya tiene clases, pero son muchos alumnos, entonces lo que queremos es dividirlo en dos, con la llegada del nuevo profesor”.
Así, el líder sindical de los profesores en Bahía de Banderas, aseguró que con esas siete contrataciones se solucionaría ya definitivamente, al menos por este ciclo escolar, la demanda escolar en la zona 30, la del centro-valle, que es la más solicitada. Esto, dado que el resto de los grupos que se encontraban sin profesor ya tienen responsable de acuerdo con el enterado.
También alcalde ve solución en turnos vespertinos
A pesar de mostrarse preocupado por la falta de espacios para la educación básica en el municipio, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar, señaló que lo primero es garantizar la seguridad de los menores, por lo que descartó aceptar recibir la primaria de Santa Fe en las condiciones de urbanización en que se encuentra.
Sin embargo, el alcalde señaló que más allá de tener enfrente un reto importante para dotar de infraestructura educativa, llamó a las autoridades de la materia a aprovechar mejor lo que se tiene en el municipio.
Paniagua Salazar incluso desestimó el dato que el mismo Ayuntamiento publica en el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Municipal que promueve y que señala un déficit de al menos 180 aulas en el municipio.
“Sin duda tenemos que garantizar la infraestructura educativa, por eso acabamos de aprobar en Cabildo la adquisición de terrenos en áreas donde hacen falta escuelas y la donación de otros en donde tenemos los predios. Pero ese dato, de 180 aulas, yo lo que creo es que a veces se marca como si todos los pequeños tuvieran que tomar las clases al mismo tiempo, no es así, se deben aprovechar mejor los espacios en los turnos vespertinos”, señaló.
Ofrecen 200 mil pesos en apoyos a informales
Fueron 33 los beneficiados, cada uno con 500 pesos. No obstante, si se hace caso a las declaraciones del presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Paniagua Salazar, el Ayuntamiento ya ha otorgado 200 mil pesos en apoyos económicos para diferentes gremios del comercio informal.
Ayer, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se presentó un grupo de 33 vendedores ambulantes que recorren las playas del municipio. Ante ellos, el alcalde se pronunció brevemente antes de hacer la entrega a uno de sus representantes de un cheque por 16 mil 500 pesos que debería de ser repartido entre los beneficiarios.
“Es una aportación pequeñita, muy modesta, que hacemos desde el Ayuntamiento. Entendemos que estos son tiempos de crisis. Sabemos que las ventas están bajas, pero también acá lo estamos padeciendo, porque la gente no viene a pagar sus impuestos. Sólo espero que esto les sirva al menos para llevar comida a sus casas”, dijo el primer edil.
Paniagua Salazar dijo que aunque en esta ocasión se estaban otorgando apoyos sólo a ese grupo de 33 ambulantes de playa, desde su Administración en los últimos días ya se había apoyado de la misma forma a otras 400 familias de gente que trabaja en el sector informal. “Porque por ejemplo están los taxistas, que duran hasta tres días ahí parados, sin recibir pasaje. La situación está difícil”.
De esa cifra se entiende que los apoyos a estas 400 personas del comercio informal han ya significado un gasto directo a la comuna por alrededor de 200 mil pesos, cuya erogación consta por las discusiones celebradas no ha sido presentada a Cabildo.
Ayer, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se presentó un grupo de 33 vendedores ambulantes que recorren las playas del municipio. Ante ellos, el alcalde se pronunció brevemente antes de hacer la entrega a uno de sus representantes de un cheque por 16 mil 500 pesos que debería de ser repartido entre los beneficiarios.
“Es una aportación pequeñita, muy modesta, que hacemos desde el Ayuntamiento. Entendemos que estos son tiempos de crisis. Sabemos que las ventas están bajas, pero también acá lo estamos padeciendo, porque la gente no viene a pagar sus impuestos. Sólo espero que esto les sirva al menos para llevar comida a sus casas”, dijo el primer edil.
Paniagua Salazar dijo que aunque en esta ocasión se estaban otorgando apoyos sólo a ese grupo de 33 ambulantes de playa, desde su Administración en los últimos días ya se había apoyado de la misma forma a otras 400 familias de gente que trabaja en el sector informal. “Porque por ejemplo están los taxistas, que duran hasta tres días ahí parados, sin recibir pasaje. La situación está difícil”.
De esa cifra se entiende que los apoyos a estas 400 personas del comercio informal han ya significado un gasto directo a la comuna por alrededor de 200 mil pesos, cuya erogación consta por las discusiones celebradas no ha sido presentada a Cabildo.
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