García acusaba de esa forma a las autoridades ejidales actuales, lo mismo que a todas las precedentes, de engañar a los campesinos para poder enriquecerse mientras transaban la venta de los codiciados terrenos de la costa a los poderosos intereses económicos.
Ayer, durante una sesión extraordinaria convocada por la Procuraduría Agraria a petición de 22 ejidatarios inconformes con la venta de los terrenos, el pleno de la Asamblea aprobó en medio de una estrategia bien estructurada por parte de los disidentes promover un juicio de nulidad de las actas de Asamblea del 20 de enero y 20 de julio de 2008, en las que se autoriza al comisariado, entonces encabezado por el hoy regidor Rodrigo Peña Ramos, a proceder con la transacción por la venta de 20 hectáreas.
“No recuerdo una asamblea tan violenta, esto la verdad que da miedo por como procedieron”, señalaba al salir una de las ejidatarias que aún aceptaba la legalidad de la transacción. Tenía razón, la de ayer fue una Asamblea de formalidades básicas en la que los gritos prevalecieron.
Apenas comenzó la reunión, mientras Emelecio Ruiz, actual presidente de la mesa directiva, intentaba leer el Orden del Día, surgió la primera protesta. El grupo encabezado por los hermanos Genaro y Sergio Parra, además de Francisco Javier Castellón, pedía que fuera la representación de la Procuraduría Agraria la que condujera los trabajos.
Así se hizo, hasta la elección de un presidente de debates, que a partir de ahí el grupo contrario a la mesa directiva tomó el control del recinto e incluso limitó la intervención del presidente en funciones.
En el recinto había 308 ejidatarios de un padrón de 535, que incluía a un grupo de campesinos que había sido castigado con la suspensión de sus derechos por diez años, plazo que ya había vencido por lo que se tuvo que contabilizar su presencia.
De los 308 ejidatarios, 242 votaron en primera instancia a favor de los escrutadores propuestos por Sergio Parra. De ahí en adelante, esa mayoría votó a favor de todo lo que provenía de ese grupo.
Una vez electos presidente y secretario, se llevó a discusión el punto esencial de la reunión: aclarar y analizar la posible promoción de un juicio de nulidad para las actas referidas. No hubo aclaraciones, pero sí una discusión encendida.
La primera intervención para pedir el voto a favor de esa iniciativa corrió a cargo de Francisco Castellón, quien aseguró que mediante una estrategia de confusión, la mesa directiva que encabezaba Peña Ramos intentó engañarlos para poder realizar la venta con condiciones favorables, para ellos y para los inversionistas, pero no para los ejidatarios.
“Esas actas están alteradas, porque lo que se nos dijo en aquellas asambleas era que se venderían por 31 millones y medio de pesos solamente 20 hectáreas, pero en las actas se habla de las 40 hectáreas. No nos dimos cuenta hasta después de que revisamos con calma los recibos que extendieron los Waldemar Franco, entonces nos engañaron, además no nos querían dar las actas hasta que quedó asentado en el Registro Agrario Nacional el hecho, que pudimos pedirlas allá en México”, arengó Castellón Montiagudo.
El ejidatario acusó desacato de la mesa directiva para llamar a la asamblea y continuó asegurando que la Asamblea sólo había autorizado la venta de 20 hectáreas. Apenas concluyó, Emelecio pidió la palabra, pero bastó con que comenzara tratando de explicar por qué se había dejado que la convocatoria viniera de la Procuraduría Agraria, cuando el griterío lo silenció.
“Pedimos que se respete el Orden del Día, porque aquí sólo se trata de debatir lo que se refiere a autorizar el juicio de nulidad de las actas, entonces el presidente no tiene que justificar por qué no convocó, eso lo explicará cuando llegue su momento, no aquí. Por eso pregunto a la Asamblea, ¿le damos la palabra al presidente?”, preguntó el presidente de debates. “¡No!”, respondió contundente la mayoría.
El presidente de debates se dirigió entonces a Ruiz señalándole que se le concedía la palabra si, y sólo si, se refería a la promoción de la nulidad de las actas. No fue así, entonces subió al estrado Rodrigo Peña, encendido por las acciones, asegurando que no por ser convocada la Asamblea desde la Procuraduría se le podía negar la palabra al presidente del comisariado, quien debía ser tratado como el resto de los ejidatarios.
Los manoteos por el micrófono continuaron, el presidente de debates dejó intervenir a los de su parte y a los de la contra, incluso dio el derecho de réplica en sendas ocasiones al abogado de Waldemar Franco, quien acudía en su calidad de ejidatario, y quien en algún momento representara a Franco, Orlando Pelayo, quien ahora tiene también el título de ejidatario.
“Está visto cuál es la posición de la mayoría y sé que lo que diga no va a cambiar esa decisión, pero quiero recordarles lo que pactamos en las Asambleas de 2008. Nosotros les presentamos opiniones de tres bufetes de abogados en los que se les señalaba que había amplias posibilidades de que el ejido perdiera el juicio por las 40 hectáreas con la familia Garcilazo.
“Entonces lo que les pedimos que autorizaran fue que se aprobara no la la venta de 20 hectáreas sino que compraramos nosotros pleito con los Garcilazo por 31 millones y medio, eso fue lo que nos vendieron, el pleito. El acuerdo era que nosotros les pagábamos eso, equivalente a 20 hectáreas, porque nosotros pactaríamos que los Garcilazo retiraran el juicio por el equivalente a otras 20 hectáreas”, defendió Orlando Pelayo.
Sus palabras, sobraron, los ejidatarios se sentían engañados, no sólo por que se hablara sólo de 20 hectáreas en 2008, en lugar de las 40, sino porque aseguran que en el proceso se logró el cambio de uso de suelo del predio por lo que consideraban que el precio de venta era irrisorio.
La aprobación para ir por el juicio de nulidad no tuvo problema, tampoco la petición de que se elevara una solicitud a las autoridades agrarias para destituir por desacato a la mesa directiva. Mucho menos hubo obstáculo para evitar que se dejara la responsabilidad de hacer cumplir ambas encomiendas a la mesa directiva, sino a una comisión que se integró ahí mismo.
Sabías qué
En Punta Monterrey se pretende realizar inversiones del orden de los mil 200 millones de dólares en infraestructura para el turismo. Al promover el juicio de nulidad de las actas y echar hacia atrás la transacción, al menos en lo que un magistrado resuelve la procedencia de éstas, sienta un precedente importante en la región.
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