El edil defiende en el mismo tenor que los abogados de Luis Waldemar Franco, que a la Asamblea se le dijo en esas fechas que, con los 31 millones y medio que se pagaban por el predio de 40 hectáreas, se compraba el litigio con Pedro Garcilazo por el total de las 40 hectáreas al precio de sólo 20 hectáreas.
“Las actas no engañan, ni tampoco están alteradas. Los ejidatarios saben bien que para esas Asambleas se tuvo que convocar en la modalidad de ‘formalidades especiales’. En ese tipo de Asambleas no es la mesa directiva quien redacta las actas, sino un notario público en coordinación con un visitador de la Procuraduría Agraria. Lo que en esas actas está asentado es justo lo que se dijo, no pudimos modificarlo”, señaló.
Aunque reconoce que durante la sesión convocada por la Procuraduría el pasado sábado se legitimó la autorización para iniciar el juicio de nulidad contra las actas que derivan en la venta de Punta Monterrey, confía en que el juicio le dará la razón.
“Se va a ir a juicio el asunto, pero el Magistrado les va a dar palo y no nada más con la nulidad de las actas, también con la petición de destituir a la actual mesa directiva. No tienen argumentos sólidos para defender lo que solicitan”, dijo Peña Ramos.
Desde su punto de vista el juicio de nulidad no procederá porque, además de que las actas fueron redactadas por terceros, se cuenta con la grabaciones de las discusiones que se tuvieron en las Asambleas señaladas. “No engañamos, ahí se va a ver que expusimos muy claro lo que psaba”, insistió.
Y es que si bien el asunto parece turbio de origen, porque ya un juez había dictaminado la posesión de esas tierras en favor del núcleo agrario en 2004. Los acuerdos tomados posteriormente en la gestión al frente del ejido de Domingo García Ayón, cuando logró convencer a los ejidatarios de conveniar esas 40 hectáreas con Pedro Garcilazo para poder vender las 70 restantes en el litigio por 110 totales, complicó la situación.
“Como el convenio es posterior a la decisión del juez, entonces vimos con varios abogados que ese juicio que todavía teníamos pendiente en 2008 lo podíamos perder. Nos daban sólo 30 por ciento de posibilidades de ganarlo y no uno, varios abogados, eso se lo dijimos a la Asamblea, por eso le vendimos el litigio a Franco”, aseguró.
Sobre la solicitud que harán para destituir a la mesa directiva que encabeza Emelesio Ruiz defiende la improcedencia con dos argumentos: el asunto no estaba señalado en el Orden del Día que emitió la Procuraduría Agraria y, segundo, nunca hubo el desacato del que se habló por no atender la convocatoria.
“No hay desacato porque Emelesio les respondió a los 22 ejidatarios que solicitaron primero la reunión, por escrito, que solicitaba un periodo de 20 días de gracia para hacer la convocatoria, lo hizo tal cual como lo marca la ley. Entonces, si convocó la Procuraduría fue porque se buscaba no crear mayores conflictos, pero él cumplió dando respuesta afirmativa dentro de lo que le permite la ley”, concluyó.
Los representantes de Luis Waldemar Franco, encabezados por el ahora también ejidatario Orlando Pelayo, aseguran que todavía no tienen claro cómo procederán luego de este intentó de los ejidatarios por echar abajo las negociaciones ya acordadas en torno a los terrenos de Punta Monterrey. Aunque, como lo hace Rodrigo Peña Ramos, confían en que el juicio no terminará con la nulidad de las actas, en caso de que así sea no saben cuál sería el siguiente paso que darían.
Cabe recordar que incluso los ejidatarios quejosos ya cobraron su parte de los 31 millones 500 mil pesos pactados en 2008 desde los primeros meses de este 2009, por lo que tendrían que iniciar un juicio al menos para recuperar esa cantidad.
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