Denuncian acoso de autoridades

Cuando Philip y Esther Mancini compraron una casa en Guayabitos, allá por el decenio de los ochenta, no imaginaron que 20 años después vivir en el pequeño pueblito de la costa Nayarita se iba a convertir en un infierno, con la policía persiguiéndoles por todas partes y el riesgo de perder su casa luego de un amañado juicio laboral que les reclama incumplimiento de contrato. Todo por no permitir que un falso contratista les hiciera un mal trabajo.
El problema comenzó en 2003 cuando la señora Esther Tejeda de Mancini contrató los servicios de Fernando Brambila para construir una alberca. El acuerdo verbal fue que se pagaría a Brambila un total de 50 mil pesos por la obra, por lo que se le entregó un anticipo de quince mil para el inicio de los trabajos.
La obra comenzó, pero de acuerdo con la señora la calidad con que se realizaba no era la pactada. Su error fue reclamar, porque a partir de esa diferencia de opinión Esther Tejeda ha caído en dos ocasiones presa en la cárcel municipal.
El conflicto pasó primero de los reclamos a las agresiones verbales. “Si no me pagas te voy a matar”, amenazó el contratista. Brambila entonces abandonó el trabajo inconcluso, para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar a los Mancini.
Esther asegura que nunca recibió un citatorio, pero en pueblo chico siempre el infierno es grande. Como se enteró de la demanda acudió a la dependencia para defenderse. Ella asegura que mostró las pruebas de que el trabajo de construcción no estaba bien hecho.

PRESIONAN CON OTRAS ACUSACIONES

Mientras este litigio funcionaba, frente a la casa de los Mancini apareció una camioneta de modelo antigua. Ahí permaneció durante meses. Un día, en marzo de 2008, una persona que los Mancini dicen no conocer remolcó el vehículo y se lo llevó. Eso bastó para que días después Esther fuera acusada por robo calificado.
“Un día salí de mi casa y apenas al hacerlo la policía municipal me apresó. Me señalaban por haber robado una camioneta sin mayores pruebas que la acusación y el hecho de que la camioneta estaba estacionada afuera de mi casa. La camioneta estuvo fuera de mi casa por meses sin que nadie siquiera se asomara a vigilarla. ¿Por qué me acusan de robo precisamente el mismo día que se desaparece?”, se pregunta Esther con gran indignación en una entrevista telefónica.
Un mes duró en la cárcel Mancini, un mes sin que se le diera acceso al juzgado. Cuando por fin llegó el día de la audiencia obtuvo la libertad bajo fianza. Acudía a firmar los documentos de libertad provisional cada semana.
Un día preguntó se podía ir a su país de origen para atender algunos negocios y le dijeron que siempre que volviera a firmar la semana siguiente lo podría hacer. Fue y cuando regresó fue arrestada de nuevo y presentada al juzgado. “Ellos me dijeron que lo podía hacer, pero al final resultó que no”, señala.
Asustada por el proceder de los jueces y la policía siguió el consejo de un abogado que hoy no está segura de que la representara sin atender a otros intereses, Juan Bueno, y pagó por los daños para obtener la libertad por la vía del amparo.
Tras su liberación vinieron nuevas amenzas de Brambila, de nuevo de muerte, o de encarcelamiento por no pagarle la alberca que nunca terminó. Acudió al Ministerio Público para denunciar las amenzas pero no le escucharon ni levantaron denuncia alguna.
“La cárcel acá no es agradable, las condiciones son deplorables. Les avisé de las amenazas, pero nadie me hizo caso. Hablé al consulado y una persona, que no recuerdo el nombre, me dijo que nos ayudarían con el problema, pero nada pasó. Así que decidí irme a Estados Unidos, porque tenía miedo. Mi esposo se quedó por razones de salud y negocios”, cuenta Esther.
Mientras toda esta estafa del carro robado, del que aparentemente aún ahora no se conoce el paradero, distraía la atención de los Mancini. El juicio laboral prosiguió: no hubo más audiencias ni citatorios para Esther.

LES EXIGEN EL DESALOJO

El pasado 3 de agosto Philip, quien no habla español, recibió una orden de embargo. Al parecer Brambila había logrado ganar el juicio laboral y, en lugar de exigir solamente la restitución de los 35 mil pesos restantes de la ejecución de la obra, logró que la Junta exigiera a los Mancini una indemnización por un millón de dólares. La orden de embargo ordenaba el aseguramiento de la casa por lo que incluía además una instrucción de desalojo.
“Me están pidiendo que entregue mi casa de más de 850 mil dólares por una disputa de menos de tres mil quinientos. Es simplemente absurdo, pero se aprovechan porque nosotros no conocemos las leyes de este país y los abogados que nos han representado parecen no hacerlo bien”, reclama también Philip.
Pero la historia no para ahí, porque ahora también Philip enfrenta otro juicio laboral. Ahora se trata de un pintor que fue contratado hace poco más de un mes para refrescar la fachada de la casa. La semana pasada inició él también un juicio, al parecer como una nueva estrategia de presión.
Todo esto, fue relatado también por un amigo de los Mancini, Héctor Cavazos, mediante una misiva dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. La carta fue enviada con copias a autoridades del estado de Nayarit y federales al comienzo de agosto pasado. Nada ocurrió desde entonces, nada hasta que Esther regresó para defender su patrimonio.

)))))DESCANSO(((( SEGUNDO ARRESTO

“Vine de regreso desde la semana pasada porque el abogado que está siguiendo ahora el caso me dijo que tenía que venir a firmar unos documentos. Me dijo además que era seguro, que no tendría problemas”, relata Esther.
No resultó así. Una mañana cuando salieron de su casa, la policía municipal les cerró el paso y los detuvo de nuevo. Les dijo que había un reporte de que su propio auto estaba reportado como robado. Curiosamente, la arrestaron sólo a ella. De nuevo fue a parar a la cárcel, de la que acaba de salir apenas éste lunes.
“Yo creo que Fernando está pagando dinero por debajo del agua. El argumento que usaron esta vez para arrestarme fue que yo había regalado el auto a una persona y que luego se lo había quitado sin más. Pero nunca pudieron exhibir un documento de que yo hubiera hecho esa cesión de los derechos del automóvil, claro porque nunca se lo regalé. De todos modos me arrestaron”, cuenta.
En esta segunda ocasión Esther duró sólo cinco días en la cárcel, pero asegura que el acoso de las autoridades municipales sencillamente no para. Ayer, por ejemplo, los uniformados apostados afuera de su casa la siguieron varias cuadras mientras se dirigía a la tienda de abarrotes.
“Ahí en la tienda estuve platicando con una señora, ella de nacionalidad mexicana. Me decía que a ella también le quieren quitar un terreno así, con presiones. Parece que esto es una práctica común por acá”, concluye.